Sólo nos queda la desobediencia civil



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Por Roberto Escobedo Caicedo


El ultimo decreto de Ortega Saavedra, prorrogando la permanencia en sus cargos de 25  magistrados electorales y judiciales, contralores, procurador de derechos humanos, superintendente de bancos, etc., asumiendo funciones que corresponden a los diputados de la Asamblea Nacional, designado por la prensa nacional como el "decretazo", constituye una provocación totalitaria a la gran mayoría del pueblo nicaragüense, la que rechaza con espíritu de cuerpo todos sus abusos, actos de corrupción y violaciones de la respectiva Constitución Política.

El argumento toral esgrimido por Ortega Saavedra para la promulgación del mencionado "decretazo" es que lo hizo para prevenir el caos político  y la anarquía social, porque varias instituciones permanecerían acéfalas al vencerse los periodos para los que fueron electos los respectivos titulares. Pero para prevenir esta posibilidad, los diputados liberales ya habían introducido un proyecto de ley que abortaría la posibilidad esgrimida por el secretario general del FSLN, el que con sus ilegales actuaciones es el que promueve la desestabilizaron política de su propio régimen dictatorial. Salta a la vista que los pretextos esgrimidos por Ortega Saavedra son intrascendentes y carecen de toda lógica política.

Son innumerables las violaciones hechas por Ortega Saavedra a la respectiva Constitución Política. Varios ministros, viceministros, presidentes de entes autónomos, embajadores, etc., han sido nombrados y están desempeñando funciones públicas al margen de la ley, por cuanto sus designaciones no han sido ratificadas por la mayoría calificada de diputados de la Asamblea Nacional. Pero lo raro del caso es que cuenta con la tacita complicidad de los diputados de las diferentes bancadas, los que no han iniciado ninguna acción contra la ilegalidad de tales nombramientos, prefiriendo cruzarse de brazos y entenderse "debajo de la mesa" con el violador de las disposiciones constitucionales, aceptando los sobornos de rigor.

Todos esos diputados que no hacen honor a la dignidad de sus cargos, sea por el temor que tienen al conocimiento de sucesos escabrosos de su vida privada por Ortega Saavedra o que han subastado sus negras conciencias en el mercado negro de la tesorería general del FSLN, llevan ya mas de un ano sin hacer nada contra el fraude electoral del 9 de noviembre del 2008. Lo único que hacen es dar declaraciones líricas o introducir proyectos de ley sin mostrar interés alguno porque lleguen al plenario de la Asamblea Nacional. Otro tanto harán con el famoso "decretazo". Introducirán nuevos proyectos de nulidad, esperando que el transcurso del tiempo calme las protestas y los nuevos abusos se conviertan en hechos consumados.


Con ese "decretazo", Ortega Saavedra ha confirmado una vez más que tiene en sus manos todos los resortes del poder real y que los Poderes Judicial, Electoral y Legislativo, están sometidos a los caprichos y excentricidades totalitarias del titular del Poder Ejecutivo, el secretario general del FSLN, en este caso. Hasta este momento, los organismos internacionales que tan celosos se muestran cuando dictadores izquierdistas son destituidos mediante sucesiones constitucionales, como fue el caso de Mel Zelaya, en Honduras, no han hecho mas que imitar a los diputados nicaragüenses, cruzarse de brazos ante los nuevos abusos del Presidente de la República. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), comunidad donante, etc., aceptan la nueva violación a la Constitución como una hecho consumado, digno de aplausos y de no de repudios y sanciones colectivas.

Además, Ortega Saavedra tiene a su servicio los efectivos del Ejercito Popular Sandinista y de la Policía Sandinista, los que constituyen la "ultima ratio" en cualquier conflicto. Nicaragua es el único país del mundo donde las fuerzas armadas y de policía de un partido político extremista constituyen el poder coercitivo del Estado, reforzado por turbas y pandilleros sandino-fascistas, los que mantienen el control de las calles, impidiendo a la oposición política y a la sociedad civil pronunciarse cívica y pacíficamente contra los desmanes del gobernante de turno.

La Unidad Nacional Opositora que se gesto a raíz de la marcha del 21 de noviembre del 2009, sumando sus esfuerzos los partidos de oposición al FSLN y la Coordinadora Civil, tiene todas las características de ser una quimera. Unos y otros están luchando por las prebendas que significa la elección de los 25 altos cargos de los Poderes del Estado, a los que se les vencen sus términos en los primeros meses del ano en curso. La Coordinadora Civil, sin tener ninguna representación parlamentaria, esta exigiendo prácticamente el monopolio de las candidaturas de los 25 nuevos funcionarios que deben ser electos, salvo que quede firme el "decretazo". Esta exigencia no la aceptaran nunca los partidos que tienen diputados en la Asamblea Nacional.

Pero se esta presentando el caso de la quinta columna sandinista que esta infiltrada en las diferentes organizaciones de la sociedad civil, los que están siendo postulados para llenar alguno de esos 25 cargos en el aparato del Estado. El Profesor Daniel Díaz Cajina, colaborador y comentarista de NICARAGUAHOY, ya se ha referido a este peligro, mencionando el nombre del Doctor Mauricio Herdocia, agente orteguista que permaneció en hibernación durante 16 anos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tenemos luego el caso de la Doctora Vilma Núñez de Escorcia, propuesta para Procurador de Derechos Humanos de Nicaragua. Es oportuno recordar los cargos desempeñados por esta profesional sandinista durante el periodo 1979-1990. Fue primeramente Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, avalando la creación de los Tribunales Especiales de Justicia o Tribunales Populares, como instrumentos de terror al servicio de la Dirección Nacional del FSLN. A partir de 1984, fue nombrada por Ortega Saavedra, Presidente de la Comisión Sandinista para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, justificando todos los crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio, desapariciones forzosas, trabajos forzados, Navidades Rojas, etc. Para abril de 1990, la Comisión que presidía se transformo en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

La única forma de hacer frente al "decretazo" de Ortega Saavedra es mediante acciones propias de la desobediencia civil y una huelga general de los trabajadores nicaragüenses, porque con los empresarios no se puede contar, después de los acuerdos concertados entre el secretario general del FSLN y la cúpula del COSEP. Todo lo que hagan los llamados diputados de oposición en la Asamblea Nacional no son mas que nuevos capítulos de la farsa que mantienen con la plana mayor del sandinismo.

El pueblo nicaragüense debe responder con la desobediencia civil a la provocación totalitaria de Ortega Saavedra.
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