Exigen sustitución de magistrados electorales en Nicaragua







Oposición, ong's, COSEP, Iglesia Católica, en campaña para sustituirlos


Managua.- La oposición política, organismos sociales y hasta la Iglesia Católica, tienen ahora puesta la mirilla contra los actuales Magistrados del Consejo Supremo Electoral a quienes se les venció el periodo desde inicios de año y fueron prorrogados por el Decreto Ejecutivo 3-2010, y exigen que sean cambiados de tajo, alegando que no pueden administrar procesos electorales futuros.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se ha puesto a la cabeza de la demanda. En conferencia de prensa esta mañana el titular de la cúpula empresarial, José Adán Aguerri anunció que ellos propondrán una reforma a la actual Ley Electoral vigente desde el año dos mil, para democratizar el proceso electoral municipal previsto para Noviembre del 2012.

Aguerri argumentó que el actual CSE no puede seguir administrando los procesos electorales venideros. En la propuesta incorporarán las recomendaciones de un grupo de organismos locales que tienen años de promover una profunda reforma a la norma que rige las elecciones, lo mismo que lo sugerido ayer por la OEA.

Insistió que independientemente de la proclama de ganadores del CSE se debe publicar la lista de los resultados junta por junta y reiteró que debe existir un nuevo CSE para las elecciones municipales.

El Magistrado del CSE, René Herrera dijo al respecto a INFORME PASTRAN que respetaba las opiniones personales que se han emitido al respecto y anotó que los resultados electorales dados a conocer por el CSE han sido respetados por todos y que en todo cualquier decisión de reformar la Ley Electoral o de destituirlos a ellos corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Nacional.

“Nosotros respetamos las decisiones que se tomen, pero no creo que sean las opiniones personales y externas las que definirán esto sino aquellos que tienen las decisiones de acuerdo a la ley en Nicaragua y nosotros respetaremos a las personas que ellos designen”, manifestó.

Herrera agregó que “ellos (los críticos) no tienen razón, este CSE ha administrado diversas elecciones con diversos ganadores y nadie puede argumentar falta de transparencia, profesionalismo y si han ganado en unos y perdido en otros, significa que se han administrado bien los procesos”.

Cualquier reforma a la Ley Electoral actual pasa por una reforma a la Constitución Política y dependerá de la voluntad política mayoritaria en el nuevo Legislativo, igual con ratificar o reformar el actual CSE, dependerá de quien tenga los 56 votos para lograrlo.

LA CLAVE, LA MEDIA MAYOR

Las quejas de los adversarios políticos del FSLN contra las elecciones recién concluidas y sus elecciones es que el partido de gobierno tuvo supremacía y control absoluto en las urnas, pero con esas reglas establecidas en el año dos mil mediante un acuerdo (pacto) entre el FSLN y el PLC, la oposición fue a los comicios de este año.

En esa ley está establecido que quien quedara de primera y segunda fuerza nacional se repartirían el control de los consejos electorales departamentales y municipales, los presidentes, primeros y segundos miembros de mesa y se acordó sobre los fiscales, sus nombramientos y ratificaciones.

La clave fue además la famosa “media mayor”, el cálculo aritmético para asignar las diputaciones, ya que de esa forma se eliminaban las posibilidades para los partidos minoritarios al fijar que el primero y segundo lugar se repartirían por igual en aquellas circunscripciones en donde solamente se escogiera a dos diputados.

Esta norma, establecida por el PLC y el FSLN, en el 2011 fue fatal para el PLC porque le exigía muchos más votos para obtener un diputado, pero beneficiosa para la Alianza PLI que iba de segunda fuerza, que para las elecciones municipales tendrá derecho a compartir el control de los CEM, CED y las JRV con el FSLN.

ANTECEDENTES

Entre 1984 y 1990 no se daban los problemas electorales que hoy se viven porque existía un Consejo de Partidos Políticos dedicado a resolver los problemas entre los partidos al margen de lo estrictamente electoral y existía una Ley de Partidos Políticos de Nicaragua.

Todo eso se suprimió con la reforma a la Carta Magna y la Ley Electoral de 1995 y se dejó todo en manos de la nueva norma electoral, pasando los partidos a ser los menos regulados en Nicaragua.

Para el año dos mil se eliminó la fórmula mediante la cual se asignaban los escaños, llamada “Resta Mayor” que le daba por sobrantes mayores de votos diputados al partido minoritario que los tuviera y así fue que se llegó al caso que con unos cuantos votos un dirigente de un partido político llegó a ser diputado.

La “Resta Mayor” fue sustituida por la Media Mayor, mediante la cual los dos partidos grandes se repartían las proporciones y el mayor número de escaños.

Las recomendaciones hechas ayer por la OEA no son nada nuevas. Las hizo también en el 2006 y en el 2008, igual la misión de la Unión Europea.

LA REFORMA DEL 95

El informe del jefe de la misión de observadores de la OEA, Dante Caputo puso el dedo sobre la llaga de un aspecto importante, el cambio político que sufrió el país tras una profunda reforma a la Constitución y la Ley Electoral en 1995, y alega que eso a la postre produjo problemas estructurales en las subsiguientes elecciones.

Habría que preguntarse si la negativa de ingreso a un observador a una JRV es un fallo estructural o un error del presidente de la mesa que no respetó las decisiones del CSE.

En 1994 se conformó un grupo de centro, del FSLN y de la UDC que pasaron a controlar la Asamblea Nacional tras una crisis institucional entre la UNO que gobernaba el parlamento con Alfredo César y el gobierno de Violeta Chamorro.

Eso llevó a la Presidencia del legislativo a Luis Humberto Guzmán que en alianza con los que comenzaron a rebelarse contra el liderazgo de Daniel Ortega querían evitar que éste se postulara para las elecciones del 96 y propiciaron reformas profundas a la Carta Magna y el sistema electoral.

Eso condujo a la división del FSLN y al nacimiento del Movimiento Renovador Sandinista.

Esas reformas también tenían nombre y apellido: evitar la candidatura de Antonio Lacayo, el entonces poderoso Ministro de la Presidencia, quien se lanzaría después con su Proyecto Nacional.

El argumento de los reformistas era desmontar los poderes omnímodos que la Constitución de 1987 le daba al Presidente de la República y traspasarle poderes al Legislativo, sobre todo en materia fiscal.

El 5 de Septiembre del 94 esas reformas se presentaron en la Asamblea con el apoyo de 27 de los 39 diputados del FSLN.

El 9 de Septiembre del 94 los delegados del FSLN destituyen a Sergio Ramírez y otros dirigentes y nace el MRS.

¿QUÉ HIZO LA REFORMA DEL 95?

Entre otros cambios, las 70 reformas constitucionales recortaron el período presidencial de 6 a 5 años, el de los alcaldes a 2 años y medio, estableciendo la elección presidencial en 2 vueltas, creando Salas especiales en la Corte de Justicia, aumentaron el número de magistrados de la CSJ de 7 a 12, establecieron la elección de alcaldes por el voto del pueblo y no por el de los concejales, dieron a la Asamblea la facultad de crear o suprimir impuestos y nuevos poderes en otras importantes decisiones económicas, establecieron la no reelección en períodos consecutivos e inhibiciones a los parientes del Presidente para altos cargos, prohibieron las confiscaciones y establecieron plenas garantías para una economía de mercado.

El gran ausente en las consultas fue el Ejecutivo. El FSLN liderado por Daniel Ortega se opuso a esas reformas. Ortega defendía la elección en el 96 de una Asamblea Constituyente, que discutiera y elaborara una nueva Carta Magna y esa propuesta era apoyada por el PLC de Arnoldo Alemán, entonces Alcalde de Managua.

El 1 de Febrero del 95 estas reformas fueron promulgadas por la Asamblea Nacional. La Presidenta Chamorro no las refrendó acusando la ruptura del equilibrio de poderes y que se instalaría una “dictadura parlamentaria”.

Después de 4 meses de crisis Ejecutivo y Legislativo lograron una Ley Marco para implementar las reformas hasta Enero del 96.  Dichas reformas permitieron que Rosa Marina Zelaya del MRS fuera designada magistrada por el CSE y como Presidenta de este poder del estado para administrar las elecciones del 96.

Ahí fue cuando se eligió Magistrado a Roberto Rivas.

LA REFORMA DEL 2000

En los primeros días de junio del 99, el Presidente Arnoldo Alemán y el Secretario General del FSLN, Daniel Ortega admitieron por separado que dialogaban sobre la posibilidad de reformar la Constitución y la Ley Electoral Las discusiones se centraron de inmediato sobre varios temas electorales de la Constitución: inhibición de candidaturas, calendario electoral, plazos de autoridades y, especialmente, la eliminación de la segunda vuelta en las elecciones para Presidente de la República, punto central para el FSLN. El asegurar una diputación automática a Alemán, al abandonar la Presidencia, también estaba sometido a discusión en este paquete de reformas.

El 18 de enero del 2000, en una sesión de tres horas, fueron aprobadas en segunda legislatura las reformas a la Constitución y la Ley electoral por 70 de los 93 diputados. Al aprobarlas, quedaron convocadas las elecciones municipales para el 5 de noviembre. Se elevó los magistrados del CSE de 5 a 7 y se eligió como nuevo Presidente del CSE a Roberto Rivas.

Se creó un Consejo Superior de la Contraloría y se amplió la CSJ de 12 a 16 magistrados.  

LA RECOMENDACIÓN DE LA OEA

Promover una reforma del mecanismo para la acreditación de fiscales, mediante una fórmula que cautele una mayor autonomía de los partidos políticos para la acreditación de los mismos.

Promover una reforma del criterio para la composición de las JRV, procurando que estén compuestas por ciudadanos, sin consideración de su pertenencia partidaria. De esta forma se fortalece el rol de los fiscales de partidos y permite un mayor compromiso de la ciudadanía con el proceso electoral.

Mejorar el proceso de cedulación y la gestión en la entrega de cédulas de identidad, de manera tal de evitar que sea un tema de naturaleza electoral, sino, la consagración plena del derecho a la identidad.

Estas recomendaciones fueron asumidas de distinta forma aquí en Nicaragua.

La Presidenta del CENIDH, Vilma Núñez dijo que la OEA no ha avalado ningún resultado electoral, ni ha dicho que Daniel Ortega ganó de forma transparente.

Violeta Granera del Movimiento por Nicaragua desconoció los resultados del CSE y volvió a alegar que se hizo fraude.

Informe Pastrán


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