Evalúan en El Salvador posible captura de militares en caso jesuitas







El Juzgado Central de Instrucción Número Seis de la Audiencia Nacional de España remitió el viernes pasado una orden de arresto contra 13 militares salvadoreños por el asesinato de los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989 a la Policía Internacional (Interpol) de Madrid, España. La orden de captura fue enviada de Madrid a la sede central de la Interpol, en Lyon, Francia, para que fuera analizada jurídicamente. Según fuentes cercanas al caso, la orden ya habría sido enviada a la PNC salvadoreña para que haga efectiva la detención de los militares implicados en el caso. Según las órdenes de captura giradas por el juzgado español, cuyas copias están en manos de La Prensa Gráfica, los militares son acusados de "asesinato, terrorismo y crimen contra la humanidad o delito contra el derecho de gentes".

Según las órdenes judiciales, estos delitos tienen en conjunto, según la ley española, una pena de prisión máxima de 30 años, de los cuales -según detallan los documentos- ninguno ha sido purgado. Asimismo, el juzgado especificó que los delitos de los que se acusa a los militares están en el ámbito jurídico de la Corte Penal Internacional. Las órdenes de captura se dieron a causa de que los 13 militares, citados por el juzgado español el 26 de julio pasado para hacer una declaración indagatoria, no se presentaron ante el tribunal, a pesar de haber sido notificados por medio del correo convencional a sus domicilios en El Salvador. El proceso penal contra los imputados inició el pasado 30 de mayo en ese tribunal, a cargo del juez Eloy Velasco, quien envió la correspondencia a El Salvador con varios días de antelación.

Estos 13 miembros del Ejército requeridos internacionalmente son parte de un grupo de 20 militares involucrados por España en el caso jesuitas. De estos, uno ya falleció: René Emilio Ponce. Ante una eventual orden de captura, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que acatará sin evaluación previa una posible orden de captura internacional contra los 13 militares. Eso hizo reaccionar al abogado defensor Lizandro Quintanilla, quien aseguró ayer que ya se dirigió una vez más a la PNC por escrito. Quintanilla envió dos solicitudes, dijo ayer, al director de la PNC, Carlos Ascencio, y al jefe de la Policía Internacional (Interpol) en El Salvador, Marco Mariona; y en ellas el abogado pide que se debe valorar, "apegados a la legislación salvadoreña", si procede o no una eventual orden de captura preventiva contra sus defendidos por parte de la sede de la Interpol en Lyon, Francia.

Carta Bodán




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