Entre el deseo y la realidad








Por Edmundo Jarquín

En la reunión que se realizó en Washington el lunes pasado, organizada por la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de América Latina, con la participación del sector privado nicaragüense, obviamente para crear un ambiente positivo a favor de la concesión de los “waivers” (dispensas), el representante del gobierno de Nicaragua dijo algo conceptualmente impecable: que se quería que el país se moviera de un modelo de cooperación a uno de inversión.

¿Quién puede estar en contra de esa posición? 

Es una posición correcta desde lo más micro a lo más macro. Qué más quisiéramos los nicaragüenses que no necesitar de ayuda externa, y que sin necesidad de ella el país creciera vigorosamente y fuésemos dejando atrás tantos y tan lacerantes déficits económicos y sociales.

Desde lo más micro, dijimos. ¿Cuántos nicaragüenses preferirían tener un empleo digno, y poder comprarse las láminas de zinc para techar decentemente sus casas, en vez de recibirlas como limosna política del gobierno? Seguramente todos los que viven en la precariedad y el desempleo. Lo mismo ocurre con quienes se ven obligados a pedir limosna en las esquinas. O los dos de cada tres nicaragüenses, que están dispuestos a emigrar según la más reciente encuesta de CID Gallup, porque no encuentran trabajo bien remunerado en Nicaragua.

Hasta lo más macro, anotamos. ¿No sería deseable producir más y exportar el doble o más, para no tener un enorme déficit comercial que se financia con remesas y cooperación externa? ¿No sería deseable ampliar la base productiva, y crecer más, y por tanto aumentar los ingresos fiscales para invertir más en educación y salud, sin tener que gravar con el impuesto sobre la renta a los empleados públicos y privados que menos ganan, como recientemente se anunció lo hará el inconstitucional gobierno de Ortega?

Pero el representante del gobierno de Ortega estaba confundiendo los deseos con la realidad, porque con el gobierno de Ortega el país ha pasado a ser más dependiente de la ayuda externa. Pocos días antes, el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick dijo que si desaparecía la ayuda venezolana, nuestro país estaría en serios aprietos.

También confunde los deseos con la realidad el representante de Ortega porque su gobierno pareciera hacer todo lo posible para que no hayan las suficientes inversiones, en monto y diversificación, para depender menos de la cooperación externa.

Esta misma semana en el periódico La Vanguardia de Barcelona venía una entrevista con Finn Kydland, noruego y premio Nobel de Economía en el 2004. Dice Kydland lo que ya sabemos, pero que el gobierno de Ortega ignora: “es esencial que los países tengan instituciones que garanticen estabilidad a largo plazo y así los hagan predecibles”. Agrega Kydland: “para que un empresario invierta a largo plazo debe creer que ni los políticos ni los impuestos mal gestionados de ese país acabarán apropiándose de sus beneficios”. Y cuando hablamos de empresarios, debemos pensar en los grandes, medianos y pequeños, especialmente en los medianos y pequeños que son más indefensos frente a los abusos gubernamentales.

En Nicaragua ocurre todo lo contrario a lo recomendado por Kydland y el sentido común: cada vez más las instituciones son menos independientes de la voluntad del gobernante, quien, por lo demás, desprecia a quienes  piensan en la importancia de las instituciones, como también le tienen sin cuidado, salvo en lo que le beneficia, los foros y reuniones que en torno a esas ideas se organizan, como la mencionada de Washington. 

Necesitamos los “Waivers”

Si la posición sostenida en la reunión de Washington por el representante del gobierno de Ortega es, desde el punto de vista de la realidad, incorrecta, porque cada vez más necesitamos de la cooperación externa para mantener el modesto desempeño económico del país, los “waivers” (dispensas) son necesarios.

Sin el financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el escenario sería catastrófico. Aunque se mantenga, y aumente la ayuda venezolana. Por varias razones, pero vamos a mencionar dos. Primero, porque la cooperación de esos organismos, y ya no digamos la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no podría sostenerse, al menos en los términos, en caso de ausencia del BID y el Banco Mundial, tiene mucho que ver con la confianza de los agentes económicos. Sencillamente, se abrirían grandes dudas sobre el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y cundiría el temor de inversionistas y ahorrantes. Segundo, porque el financiamiento de esos organismos está vinculado a proyectos que toma mucho tiempo conceptualizarlos y diseñarlos, y no pueden ser sustituidos en el corto y mediano plazo. Basta ver lo que ocurrió con la carretera de cuatro carriles de Nejapa a Izapa, que quedó en el aire cuando se retiró el financiamiento de la Cuenta Reto del Milenio por el fraude electoral del 2008. Por más financiamiento venezolano, esa carretera no se construyó pese a que han transcurrido casi cuatro años.

Si los “waivers” son necesarios, la pregunta es: ¿está haciendo el gobierno lo suficiente para obtenerlos? Al menos en materia de transparencia e institucionalidad, lamentablemente la respuesta es no.

Agravio sobre agravio

Esta misma semana el gobierno ha sumado agravios. Ya conocemos los acumulados  -incluidos los fraudes electorales de 2008, 2009 y 2011-  y por si fueran poco, la aplanadora Orteguista en la Asamblea Nacional no prestó atención a las voces de la sociedad que pedían se eliminara la enorme discrecionalidad  -que sin duda se va a traducir en arbitrariedad- en la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Es posible que Ortega se esté reservando, como una concesión graciosa, la posibilidad de vetar los artículos más polémicos de esa ley y así aparecer ganando puntos ante moros y cristianos. Pero veremos. Ojalá lo haga.

Por otra parte, y esto es menos coyuntural pues revela mejor la naturaleza permanente del gobierno ilegal de Ortega, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) publicó el resultado de una amplia investigación en 38 de 58 entidades estatales, sobre el cumplimiento o no de la ley de Acceso a la Información en lo relativo a contrataciones públicas. El resultado es catastróficamente negativo. No podía ser de otra forma en medio de la absoluta confusión Estado-Partido-Familia Gobernante. 



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