El "cascarazo" de la Corte Suprema de Justicia







Por Silvio Avilez Gallo


Decididamente, el gobierno frentista que controla los destinos de Nicaragua se consolida aceleradamente como representante del más completo totalitarismo, ante la indiferencia de la comunidad internacional y la pasividad de la atomizada oposición política, que presuntamente representa más del 60% de la población.  Al tristemente célebre “decretazo” 3-2010 del Ejecutivo, que prorrogó arbitraria e ilegalmente la vigencia del período vencido de varios funcionarios orteguistas, y el increíble “gazetazo” del 17 de septiembre, que por disposición del presidente de la Asamblea pretendió reformar abusivamente la Constitución política al publicar en el diario oficial una nueva versión de la misma que revive una disposición transitoria del artículo 201 de la Carta Magna de 1987, extinta desde hace más de 20 años, se suma ahora el “cascarazo” de la mal llamada, espuria y bastarda Corte Suprema de Justicia, que absolvió definitivamente de delitos económicos a los hermanos Centeno Roque, culpables de la quiebra del Interbank y otras fechorías que causaron en su momento el descalabro del sistema financiero nacional.

¡Qué cáscara, como se dice en buen nicaragüense, la de la CJS al disponer en una misa negra —porque la integración de sus salas, con magistrados con plazos vencidos y conjueces de otras salas, es absolutamente ilegal— el perdonazo de quienes casi llevaron a la bancarrota a los cuentahabientes de los bancos del país y al sistema bancario nacional. Viene a sumarse a otra gravísima violación que dejó atónitos a los juristas y constitucionalistas nacionales cuando resolvió que el artículo 147 de la Constitución política —cuyo inciso 4) literal a) prohíbe la reelección  de quien ejerciere o hubiere ejercido la Presidencia de la República en el período anterior a la elección o la hubiese ejercido por dos períodos presidenciales— es ¡inconstitucional! porque viola el  derecho del comandante Ortega a aspirar a un tercer mandato. Tal resolución de la Corte, al desconocer la vigencia de dicho artículo, constituyó un verdadero golpe de Estado al Poder Legislativo y a la institucionalidad de Nicaragua. Los responsables de esta monstruosidad debieron haber sido sancionados como corresponde. Pero eso sería pedirle peras al olmo en un país donde la inmoralidad y la corrupción son monedas de curso legal.

El futuro de Nicaragua no sólo es incierto sino trágico, ya que a las puertas de un año electoral, los constantes atropellos y violaciones al ordenamiento jurídico de la República de parte de quien ejerce la Presidencia, así como de los otros poderes y órganos del Estado,  hacen presagiar un continuismo dictatorial estilo Chávez. Si a esto sumamos la división de la oposición, que defiende intereses mezquinos, el panorama es realmente desolador.

¿Dónde está la agresividad mostrada por la O.E.A. y su Secretario General,  como sucedió en el caso de la crisis hondureña? ¿Dónde está el activismo de las Naciones Unidas y de algunos países que se dicen democráticos? ¿Qué pasa con la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos internacionales? No se oye, tata padre…

Ante la pasividad de la población —que no parece haberse dado cuenta de lo que se le viene encima— y el descarado personalismo de los políticos corruptos que utilizan a la patria como pedestal para alcanzar y alimentar sus ambiciones desmedidas, hay sobradas razones para ser pesimistas. Nos acercamos al bicentenario de nuestra independencia y tal parece que seguiremos enfrascados en interminables luchas fratricidas, que a lo largo de nuestra historia sólo han significado odio, muerte, destrucción, retraso y retroceso generalizado para el país.

De continuar por esa azarosa ruta, muy pronto Nicaragua habrá dejado de ser República para convertirse en feudo de dictadores inescrupulosos. ¡Quiera Dios compadecerse de nuestra suerte!

San José, C.R., 27 de septiembre de 2010



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