El peligro de la violencia







Por Héctor Mairena
Abogado y periodista nicaragüense residente en Alemania


Violencia y política es un binomio que ha estado presente en la historia de Nicaragua de forma recurrente.

El climax de la violencia política Nicaragua lo vivió  en los  finales de la década de los setenta del siglo pasado. El  atropello a los derechos ciudadanos y el cierre de los espacios para disputar o cuestionar cívicamente el poder al somocismo, justificó la acción militar e insurreccional de los nicaragüenses en procura del cambio democrático y por la conquista de sus derechos civiles y políticos.


La década de los ochenta tampoco estuvo libre de la violencia. La guerra civil  que vivió Nicaragua en esa época -en cuyos orígenes está insoslayablemente la intervención extranjera - aunque tuvo como escenario principal el campo y la montaña, repercutió severamente en la vida cotidiana de todos los nicaragüenses, golpeó a fondo el sistema que la revolución sandinista pretendía establecer y alteró de forma definitiva el rumbo histórico del país.


La estela de dolor, destrucción y muerte de esas etapas históricas, aún no se disuelve. Por el contrario, a veces se agita para acarrear ganancias políticas.


Pero en los últimos años la violencia política se ha expresado nuevamente.


La llegada de Daniel Ortega a la Presidencia en el 2007 y su acelerado afianzamiento en el control de los otros poderes del Estado, ha estado acompañado, sobre todo desde el 2008, del empleo de la violencia política. Violencia que ha presentado características particulares. Primero, porque aunque se ejerce “desde arriba “ no ha sido  predominantemente de forma “oficial”, es decir se ha practicado sin hacer  uso de la Policía Nacional ni del  Ejército, sino a través de grupos paramilitares  conformados por adeptos al orteguismo o bien de  grupos lumpen   empleados como fuerzas de choque. Segundo, por ser “administrada” para no llegar a resultados letales. Las acciones, aunque  represivas, pretenden ser intimidatorias o disuasivas, rozando una  frontera peligrosa que fácilmente puede ser rebasada.


En el actual contexto electoral y con el cada vez más evidente control de la Policía Nacional  por parte de Ortega y su influencia sobre el Ejército, no se vislumbra mejor el panorama.


¿ De  dónde proviene el claro afán de Ortega por controlar la policía y el ejército ? Evidentemente responde al interés, estratégico para sus fines, de contar con una fuerza represiva que le sea funcional a su proyecto. Ortega sabe que eventualmente necesitará activarlos para disuadir, controlar o sencillamente  reprimir abiertamente a los opositores toda vez que lo juzgue necesario. O bien para que desempeñen un rol de encubrimiento por  omisión al hacerse  “de la vista gorda” ante el accionar violento de sus afines, como ya ha ocurrido. Y porque en política los gestos son importantes, para ostentar su mando en actos partidarios con la presencia de sendas jefaturas, como también ocurre frecuentemente.

La anunciada permanencia de  Aminta Granera en la Jefatura de la Policía a contrapelo de la ley, es la continuidad de un mando que hasta hora se ha mostrado al menos inepto o condescendiente con la violencia que se ha generado desde el orteguismo. Y un mando que por supuesto es  también del agrado del gran capital, ahora su aliado.
De otra parte, la presencia del Ejército donde se han realizado recientemente protestas ciudadanas reclamando la cédula de identidad, sólo se explica en razón del propósito  de infundir temor, ya que no existen  las condiciones que la ameriten y mucho menos  la base legal para  tal despliegue.

Son dos hechos de suma gravedad que deben ser analizados en toda su dimensión. Y aquéllos que hoy aplauden ingenuamente  la continuidad de Granera en la jefatura policial, no tardarán en darse cuenta que esa medida de Ortega sólo es una jugada más en el tablero.


Pero Ortega sólo recurriría a emplear el aparato represivo formal de forma directa, en un escenario que contenga cuatro  condiciones simultáneamente: Primero, que él mismo persista en  las intenciones de continuar en el poder “a cualquier costo”  ; segundo que los mandos policiales y eventualmente del ejército, descarten absolutamente su respeto a la Constitución y se subordinen al proyecto orteguista; tres, que los ciudadanos en la oposición se movilicen beligerantemente con los espacios de libertad anulados y cuarto que los grupos informales de represión sean incapaces de contener las protestas ciudadanas.


Con razón se afirmará que por ahora no todas esas condiciones se dan plenamente, excepción hecha de la primera  que opera al mismo tiempo como premisa de las otras. Y es cierto, pero ese escenario indeseable es una posibilidad real que existe en la perspectiva futura.


No es improbable, por otra parte, que en el plazo mediato se repitan las acciones de vandalismo, violencia y agresiones “administradas” que se dieron en el período inmediato anterior y posterior a las elecciones municipales del 2008. Me refiero a los ataques callejeros a las actividades de proselitismo electoral de la oposición, los cercos y hostigamientos a las manifestaciones ciudadanas, las “contramarchas “, los ataques a medios de comunicación independientes y las amenazas y ataques individuales a miembros de la oposición.


Nicaragua alberga en su seno suficientes ingredientes de violencia social. Hay espacios físicos y segmentos sociales que la padecen más que otros, pero es perceptible en el ámbito general. Y al igual que existen grupos e individuos dispuestos a ponerse al servicio de intereses partidarios, también hay caldo de cultivo para que esa violencia social se trastoque a violencia política en el  escenario electoral.


La política, ese espacio en que se dirime la disputa por el poder, en que se concretan  las relaciones entre el poder y los ciudadanos y de éstos entre sí en lo que atañe a la administración del Estado, corre el riesgo de verse invadida por la violencia.


Ciertamente es evitable, pero dependerá una vez más de los gobernantes. No basta con que el partido de gobierno  divulgue masivamente piezas publicitarias invocando en abultadas retahílas amor, paz, solidaridad y otros conceptos que resultan huecos, cuando se violentan los derechos ciudadanos y se toleran y se promueven agresiones físicas.


El saldo histórico de la violencia política que  hemos protagonizado los nicaragüenses está a la vista. Que retorne o no,depende-hay que reiterarlo- de los actuales gobernantes.




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