El gran negocio del 6% para el orteguismo







Por Roberto Escobedo Caicedo

Cuando el FSLN se apoderó del poder del Estado el 19 de julio de 1979, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) que figuraba como Poder Ejecutivo nominal, porque el verdadero lo ejercían los llamados nueve Comandantes (Dirección Nacional) de la Revolución Popular Sandinista, nombró Ministro de Educación Pública al doctor Carlos Tünnermann Bernheim, el que ya había sido Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), durante varios períodos, cuando era Presidente de Nicaragua el General Anastasio Somoza Debayle.

En aquel entonces, Tünnermann Bernheim se presentó siempre como un celoso defensor de la autonomía universitaria, pero en cuanto el FSLN y sus nueve Comandantes de la Revolución reemplazaron a Somoza Debayle, comenzaron a corear el estribillo de que la mencionada autonomía no servía para nada, porque ya el pueblo y la revolución mandaban en todas las facultades de la UNAN. Según el ex-rector de la UNAN, mientras en Nicaragua existió una dictadura militar respaldada por los "empresarios y capitalistas reaccionarios", la autonomía fue muy útil porque era un feudo de los estudiantes revolucionarios donde fabricaban bombas de niple y de contacto, tendían emboscadas a las patrullas de la Guardia Nacional de Nicaragua, ofreciendo refugio seguro a los estudiantes que eran perseguidos por los esbirros de la dictadura que se colapsó el 19 de julio de 1979.

Pero según el criterio de Tünnermann Bernheim, a partir del 19 de julio de 1979 la autonomía universitaria carecía de significado, corriéndose el riesgo que se convirtiera en feudo de la contrarrevolución y en refugio de los integrantes de frentes internos que se supuestamente se dedicarían a desestabilizar el proceso revolucionario. En resumidas cuentas, la UNAN había dejado de ser autónoma, por lo que los decanos de facultades, rector y vicerrector, serían nombrados por el Ministro de Educación Pública. 

En cuanto al financiamiento de la educación superior, se la consideró un subprograma como la educación primaria, la secundaria y la técnica. El Ministerio de Educación Pública asignó a la educación superior una cantidad inferior al 2% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del Estado, es decir, una cantidad inferior a la que tuvo durante el gobierno de Somoza Debayle.

Se realizó una purga de profesores universitarios, acusando a una buena cantidad de ellos de antiguos somocistas y agentes a sueldo de la CIA. Algunos fueron encarcelados y juzgados en los siniestros tribunales populares sandinistas o tribunales especiales de justicia, donde en parodias de juicios fueron condenados a 30 años de presidio.

Esta situación se mantuvo hasta abril de 1990, cuando la antigua miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, Violeta Chamorro, fue investida de Presidente de la República. Pocos días antes de que Ortega Saavedra entregara el gobierno pero no el poder, había dictado un decreto restableciendo la autonomía universitaria y estableciendo que para su financiamiento se destinarían el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del Estado, quedando a cargo del gobierno el pago de las facturaciones de energía eléctrica, agua potable, teléfonos, recolección de basura, etc.  

En el año 1995 se aprobaron una serie de reformas a la Constitución Política, negociadas entre el secretario general del FSLN, Daniel Ortega Saavedra y el Presidente de facto de Nicaragua, Antonio Lacayo Oyanguren. Se elevó entonces a rango constitucional el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del Estado, supuestamente destinados a la educación superior, así como otra serie de reformas, incluyendo el cambio de nombre de los esbirros uniformados del FSLN, los que pasaron a llamarse miembros del Ejército Nacional de Nicaragua en lugar de Ejército Popular Sandinista, aún cuando los cuadros de oficiales y violadores de los derechos humanos seguían siendo los mismos. Los diputados que se prestaron a estas maniobras fueron designados como "Los Bukis".

Unas de las tareas que llevan a cabo los comunistas durante la fase de implementación de la dictadura revolucionaria del proletariado es la proletarización de las profesiones, es decir, considerar a los profesionales egresados de las universidades como si fueran obreros o trabajadores manuales, por lo que sus ingresos debían mantenerse al mismo nivel. La mejor forma de lograrlo es a través de un programa de producción masiva de graduados en los centros de educación superior, superando la oferta de sus servicios a la demanda del mercado laboral. De esta manera los médicos, ingenieros, economistas, administradorers de empresas, etc.,  se ven obligados a trabajar "en lo que sea" si quieren subsistir. Esto crea profesionales resentidos que con su odio fomentan la lucha de clases.

Esto es, precisamente, lo que han hecho los orteguistas en Nicaragua. Los egresados de las universidades son profesionales mediocres porque fueron preparados con esa mentalidad. Las exigencias académicas son nulas, lo que interesa es la cantidad pero no la calidad. Cientos de miles de graduados universitarios que no encuentran trabajo en sus respectivas especialidades son una bomba de tiempo que sirve de acelerador para un proceso de cambios violentos. Como la propaganda gubernamental considera que los responsables de esa situación son los burgueses, aliados circunstanciales de los extremistas, el odio de clases es dirigido como un poderoso ariete contra los empresarios y capitalistas que se subordinaron a un aventurero considerado por las masas como líder mesiánico.

Durante la época de Somoza Debayle, los que dirigían la UNAN comenzaron a implementar el programa de graduaciones masivas de profesionales mediocres, encubriéndola con el manto de los "Estudios Generales". Si alguno de los asistentes a los seminarios preguntaba qué haría el país con tantos profesionales que no encontraban trabajo, recibían como respuesta que Nicaragua se convertiría en un país exportador de los mismos, lo que es un verdadero disparate y una actitud antipatriótica.

En el terreno de las hipótesis, supongamos que existiera demanda de profesionales en determinadas disciplinas en otro país. Entonces, Nicaragua, con sus escasos recursos económicos prepararía esos cuadros calificados para que luego emigraran hacia el país que los necesitara. ¿Qué beneficios obtendría Nicaragua con esa exportación de profesionales hacia otros países? Ninguno, tan sólo hacerle la vida más placentera a los nuevos profesionales y evitar que el país receptor se ahorrara el costo de prepararlos.

Pero desgraciadamente, los profesionales graduados en nuestros países no encuentran tampoco trabajo en el extranjero. Algunas veces, esos países están también saturados de profesionales que no encuentran trabajo y se ven también obligados a emigrar. Los países donde se dirigen tienen disposiciones legales que regulan el ejercicio de las profesiones. Los graduados que llegan se ven obligados a trabajar en lo que sea, gasolineras, supermecados, choferes, etc., por lo que su frustración se manifiesta en otro ambiente. Pero en cualquier caso que consideremos, la inversión de los recursos estatales ha sido a fondo perdido, porque los profesionales mediocres graduados no encuentran trabajo ni en Nicaragua ni en ningún otro país.

Cuando Ortega Saavedra perdió las elecciones ante Violeta Chamorro, tomaron el cuidado de restablecer el financiamiento de la educación superior, asignándole arbitrariamente el 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del Estado. En cuanto comenzaron las compactaciones o despidos de personal en los ministerios, entes autónomos, etc., los contrataron en el famoso Consejo Nacional de Universidades (CNU), asignando a partir de entonces un porcentje considerable de plazas como personal docente y administrativo a los sandinistas, pero sólo a aquellos designados por Daniel Ortega Saavedra.

El dinero que entrega el Estado al CNU se ha convertido en un jolgorio y despilfarro de recursos para "recompensar" lealtades personales y partidarias. Todavía más grave: Una parte se utilizó para financiar la organización de marchas masivas de desestabilización contra los gobiernos neoliberales, la fabricación de morteros caseros, transporte de agitadores, etc. Nunca la Contraloría General de la República (CGR) ha realizado alguna auditoría especial en los recursos del CNU. Los Rectores que lo han precedido, Francisco Guzmán Pasos y Telémaco, mejor conocido como (Telemortero) Talavera Salinas, están bien forrados con millones de dólares.

Mientras tanto, cientos de miles de niños en edad escolar se quedan sin asistir a las escuelas de primaria, porque no hay dinero para pagar a los maestros, ni para construir nuevas escuelas y ni siquiera para reparar las ya existentes. Esos recursos del 6%, que se malgastan en graduar cantidades masivas de profesionales mediocres, deberían prorratearse equitativamente en la educación primaria, la secundaria y la técnica. Debe hacerse énfasis en los programas de formación de técnicos, lo que tendría buena demanda en el país y posiblemente podrían desenvolverse exitosamente en otros países.

Pero para la mentalidad de Ortega Saavedra y las de sus "brillantes" asesores, el 6% supuestamente destinado a la educación superior es una contribución indirecta para la realización de numerosas actividades del orteguismo. También consideran que los profesionales que no encuentran trabajo son una buena fuente de ingresos en los Estados Unidos o Costa Rica con las remesas familiares. Nicaragüense que se va del país con sus familiares, son cuatro o cinco desocupados que ya no demandarán trabajo. Cuando estos consiguen trabajo en el extranjero, mandan dinero a sus familiares que se quedaron en Nicaragua, lo que les permite subsistir sin marchas desestabilizadoras y los consideran como que están empleados por disponer de dinero que llega a sus manos de esa manera. Si a eso agregamos que las empresas que hacen transferencias de dinero de Estados Unidos, Costa Rica y otros países hacia Nicaragua, están asociadas con Ortega Saavedra y las Casas de Cambio existentes en el país le pertenecen, se tiene un cuadro completo del gran negocio que representa para el orteguismo la exportación forzada de nicaragüenses hacia otros países más desarrollados que el nuestro. El negocio redondo de la migración

El 6% de los ingresos ordinarios y extraordinarios del Estado que se transfieren supuestamente a la educación superior, es un dinero muy mal invertido, favoreciendo únicamente los malsanos intereses del orteguismo. Los que andan suplicando que el gobierno norteamericano renueve los dos waivers al régimen de Ortega Saavedra, debieran iniciar una campaña por el correcto uso y distribución del dinero destinado supuestamente a la educación superior. Lo contrario, los convierte en cómplices del orteguismo.


Comments