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El génesis fascista del ejército "popular" orteguista

El génesis fascista del ejército "popular" orteguista







Por Roberto Escobedo Caicedo


Finalizada la llamada Guerra Fría, los ejércitos latinoamericanos abandonaron la Doctrina de la Seguridad Nacional, impuesta por los Estados Unidos para que defendieran sus intereses geopolíticos y geoestratégicos en el subcontinente. Esto significó que los militares que detentaban el poder político en sus respectivos países, tuvieron que convocar a elecciones, entregando la Jefatura del Estado y del Gobierno a los civiles que resultaron electos, no teniendo otra opción que replegarse a sus cuarteles.

Pero a partir de ese momento, comenzaron a transformarse en empresarios, rivalizando con las actividades comerciales, industriales y de servicios que tradicionalmente estuvieron siempre en manos de los civiles. Pero tuvieron que someterse a las leyes del mercado y de las leyes que establecían la forma en que podían participar en la contratación de obras gubernamentales, mediante procesos de licitación pública.

Las únicas excepciones fueron los ejércitos de Cuba y Nicaragua, los que contribuyeron a la implantación de férreas dictaduras marxistas-leninistas en sus respectivos países, contribuyendo a involucrar a sus dirigentes políticos en la confrontación este-oeste, dilapidando en aventuras insensatas los pocos recursos de que disponían para reducir los elevados índices de pobreza extrema que afectaban a sus respectivas poblaciones.

Cuando se produjo el colapso político y económico de la URSS, el Presidente de los Estados Unidos, Mr. George Bush y el Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev, firmaron en el buque Máximo Gorki III, surto en las agua jurisdiccionales de la Isla de Malta, el protocolo que ponía término oficialmente a la Guerra Fría. Uno de sus incisos establecía que suspenderían toda ayuda militar y económica a los grupos insurgentes que habían en diferentes zonas conflictivas. Una de éstas era Centroamérica, donde las Fuerzas de Tareas de la Resistencia Nicaragüense se enfrentaban con los efectivos del Ejército Popular Sandinista; en El Salvador, las fuerzas gubernamentales combatían a los efectivos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y, finalmente, Guatemala, donde el Ejército combatía a los efectivos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).

En Nicaragua, comenzaron entonces las Pláticas de Paz en el pueblo de Sapoá, cerca de la frontera con Costa Rica. Ahí se produjo la primera reunión entre los plenipotenciarios de la Resistencia Nicaragüense y del Frente Sandinista (FSLN), las que continuaron posteriormente en otros lugares. El resultado final de tales pláticas fue un verdadero desastre para el futuro del pueblo nicaragüense.

Los plenipotenciarios de la Resistencia Nicaragüense aceptaron la desmovilización unilateral de todos sus efectivos e internamiento de estos en el territorio nacional, mientras el FSLN conservaba intacto todo su aparato de terror, intimidación y chantaje, Ejército Popular Sandinista, Policía Sandinista, Seguridad del Estado, Milicias Populares Sandinistas, Tropas Guardafronteras, igual que todo su arsenal. Por razones de carácter económico se vieron obligados a una operación de "compactación" de todos esos efectivos, cargando el mantenimiento de todos los desmovilizados a los recursos del fondo de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Lo único que lograron los plenipotenciarios de la Resistencia Nicaragüense fueron las promesas de los sandinistas de restablecer la libertad de expresión, suspender todo hostigamiento a los ministros de la iglesia católica y convocar a elecciones generales de autoridades supremas de la República y alcaldes municipales, además del compromiso de cesar toda ayuda al FMLN y a la ORPA, de El Salvador y Guatemala, respectivamente.

Los sandinistas, antes de entregar un poder mediatizado a la Presidente Electa, Violeta Chamorro, se recetaron amplias amnistías, incluyendo en el perdón a quienes habían incurrido en crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio contra la etnia miskita de la Costa Atlántica del país, pese a que las respectivas acciones penales de todos esos crímenes son imprescriptibles. Asimismo, se recetaron la adjudicación de valiosas propiedades de particulares y del Estado en la operación gangsteril conocida como "la piñata sandinista". Además, quedaron en completa libertad para continuar gobernando "desde abajo", haciendo la vida imposible a los gobiernos neoliberales mediante asonadas, tranques en carreteras y pistas de circunvalación, sin que los efectivos del Ejército y de la Policía, hicieran nada por impedir tales acciones.

Pero no sólo los dirigentes políticos y militares del FSLN se beneficiaron con la "piñata sandinista", sino que también el Ejército Popular Orteguista, el que se quedó con 88 mil 213 manzanas de las mejores tierras del país, incluyendo las zonas costeras del Océano Pacífico, además de un sinnúmero de establecimientos comerciales e industriales, englobando todo esto bajo el nombre de Propiedad Corporativa del Ejército de Nicaragua.


A partir de ese momento, primer semestre de 1990, los militares orteguistas comenzaron a utilizar la fraseología propia de un Estado fascista en proceso de consolidación totalitaria, como lo es el término de "propiedad corporativa". Fue menester que Ortega Saavedra regresara al poder en las elecciones de noviembre del 2006, mediante un fraude electoral y un pacto antipatriótico concertado con el candidato de la ALN en ese proceso electoral, Licenciado Eduardo Montealegre Rivas y luego, mediante otro proceso electoral fraudulento en noviembre del 2011, para que Ortega Saavedra, desconociendo por completo la Constitución Política, se reeligiera y los corruptos magistrados electorales le dieran la cantidad de diputados necesarios en la Asamblea Nacional, para que decidiera mediante un conjunto de reformas constitucionales, completar su proceso de fascistización de la sociedad nicaragüense.

La Asamblea Nacional, respondiendo a las órdenes de Ortega Saavedra, ha iniciado el proceso de "justificar" las reformas constitucionales, las que entre las muchas aberraciones jurídicas que contiene está la de permitir que militares y policías en servicio activo, puedan desempeñar cargos en los ministerios y entes autónomos. La Comisión Dictaminadora comenzó su trabajo citando a representantes de los aparatos de terror y de represión del orteguismo, Ejército y Policía Orteguista, para que concurrieran a rendir sus testiminios acerca de las mencionadas reformas constitucionales. Como era de esperarse, se manifestaron de acuerdo con ellas, ya que los beneficia grandemente, permitiéndoles disfrutar de un doble salario, el de militares y policías y el de empleados de la administración pública, convirtiéndolos en seres privilegiados.

Las propiedades corporativas del Ejército Popular Orteguista se han ampliado considerablemente. Cuando se dieron las escaramuzas entre los Ejércitos de Ecuador y del Perú por la posesión de la Cordillera del Cóndor, los militares orteguistas vendieron helicópteros, artillería y diferentes tipos de municiones a ambos países. Nunca se supo a ciencia cierta cuál fue el monto de esa operación, pero extraoficialmente se estimó en casi 200 millones de dólares, de los cuales se robaron casi la totalidad los altos jefes del Ejército Popular Orteguista, dejando reservados 16 millones de dólares como capital semilla del Instituto de Previsión Social Militar Orteguista (IPSM). De esta manera, los Generales y Coroneles se quedaron con la bicoca de casi 180 millones de dólares, mientras que el pueblo nicaragüense se quedó con la deuda contraída con la Federación Rusa, sucesora de la URSS.

Las propiedades corporativas del Ejército Popular Orteguista se han ampliado considerablemente, contándose entre ellas, cadenas de supermercados y de ferreterías, inversiones en bancos, empresas constructoras y urbanizadoras, universidades, hospitales, establecimientos comerciales e industriales, desarrollos turísticos, etc. Confiscaron el Hotel "Cosigüina", de Chinandega, convirtiéndolo en el cuartel de una región militar, pero luego lo transformaron en el actual hotel "Farallones". Prácticamente no hay ninguna actividad comercial, industrial o de servicios, donde los tentáculos corporativos del Ejército Popular Orteguista no sean propietarios de la mayoría de las acciones a través del IPSM.

Los Estados Financieros del imperio totalitario del Ejército Popular Orteguista son elaborados por una empresa extranjera de auditoría pública, Price Waterhouse & Coopers. En cuanto los presentan a los corruptos contralores colegiados le ponen el sello de que ya fue revisado y todo se encuentra en orden, de conformidad con las más "sanas" prácticas de auditoría.

Bajo el régimen orteguista, las unidades ejecutoras del Gobierno Central y de los Entes Autónomos, no tienen que licitar los contratos de adjudicación de obras de infraestructura, por lo que prácticamente se los adjudican a empresas del Ejército Popular Orteguista. Entendidos en la materia han estimado que los originales 16 millones de dólares con que comenzó el IPSM, se aproximan en la actualidad a los 275 millones de dólares.

Las propiedades que les gustan a los miembros del IPSM son invadidas por efectivos militares orteguistas y no puede interponerse ninguna salvaguarda jurídica contra esos actos de confiscación, manu militari. Los más recientes perjudicados son una humilde familia de Esquipulas, Carretera a Masaya, a los que despojaron de más de 50 manzanas de tierras valiosas y la familia Abohasen, la que ha perdido su propiedad, conocida como "San José del Limón", donde instalarán todos los equipos de la Refinería "Supremo Sueño de Simón Bolívar", la que no es más que un sueño de mentes calenturientas.


A través de todas esas empresas de construcción, comerciales, industriales y de servicios, los uniformados orteguistas blanquean el dinero que les genera el lucrativo negocio de las drogas que reciben de los países productores de América del Sur, las que luego son entregadas a los representantes de los cárteles mexicanos, los que se encargan de internarlas en territorio norteamericano.

Otro negocio que tienen y del que se benefician los Generales y Coroneles del Ejército Popular Orteguista, es que se apoderan de los bienes muebles e inmuebles confiscados a los narcotraficantes que hacen competencia desleal a los cárteles asociados con ellos en tan criminales actividades.

¿Se cruzará de brazos la comunidad internacional ante la consolidación y estabilidad política de un régimen fascista en el centro del continente americano? ¿Continuarán los europeos donando dinero al régimen fascista de Ortega Saavedra? ¿No utilizarán su derecho de veto a todas las solicitudes de préstamos que haga el régimen fascista de Ortega Savedra a los organismos multilaterales de crédito los Estados Unidos?

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