Daniel Ortega y su dictadura "institucional"









Por Edmundo Jarquín


El poder total

En junio de 2007, apenas andados los primeros seis meses del nuevo gobierno de Ortega, expresé que estaba en marcha la construcción de una “dictadura institucional”. Ya para entonces sus manifestaciones de desprecio por el Estado de Derecho eran evidentes.

El adjetivo institucional era para distinguirla de las viejas dictaduras castrenses, que se apoyaban férreamente en el poder militar, y apenas se esforzaban por medio mantener una fachada democrática, simulando elecciones de vez en cuando, entre otros adornos de la decoración exterior. Ahora no hay espacio para ese tipo de dictaduras, al menos en esta parte del mundo, y cada vez menos en otras partes, como lo demuestra la “primavera árabe” de la cual Siria es el último ejemplo.

En el caso de esta nueva modalidad de dictaduras institucionales, el resultado es el mismo: un cierre progresivo de los espacios democráticos, y uso de la represión, la coerción y el chantaje cuando fuese necesario. Pero ahora la forma por excelencia de la represión no es la fuerza militar, sino el uso arbitrario y abusivo de las instituciones y de las leyes, para castigar y perseguir, aunque sin descartar, por si fuese necesario, el uso de la violencia, como lo hemos visto en Nicaragua en calles, plazas y otros lugares. Y algo semejante ha ocurrido en Rusia, recientemente, y en Irán, antes, cuando quienes protestaban contra el fraude electoral han sido violentamente reprimidos por turbas armadas de palos y otros instrumentos contundentes, al amparo de la tolerancia de la policía, y  a veces con la colaboración de la misma.

A esta nueva modalidad de dictadura se le ha venido en llamar, no sin cierto eufemismo, “autoritarismo suave” (“Daniel Ortega and Nicaragua´s Soft Authoritarianism”, de Richard Feinberg, en Foreign Affairs, noviembre de 2011). Digo cierto eufemismo, porque váyase a preguntar a los familiares de los muertos en San José de Cusmapa, a los campesinos reprimidos en San Juan del Río Coco, o al joven que fue agredido en el rostro mientras protestaba pacíficamente amarrado a un poste, si ese autoritarismo es “suave”.

Insisto en que llámesele como se le llame a esta nueva modalidad de concentración antidemocrática del poder, el resultado es el mismo: se cierran los espacios políticos democráticos, la tolerancia frente a la discrepancias va disminuyendo, los espacios de autonomía de las personas y organizaciones desapareciendo, la confusión de intereses entre los particulares del gobernante y los públicos de la sociedad creciendo, y la ley y las instituciones  -incluyendo las que en un Estado de Derecho tienen el monopolio de la fuerza-  cada vez más subordinadas a la voluntad del gobernante. Y desde luego, quienes se atrevan a confrontar a ese creciente poder omnímodo, serán reprimidos con sentencias judiciales amañadas, acciones administrativas y fiscales persecutorias, competencia desleal,  conspiraciones y juicios inventados y, si es necesario, la fuerza.

Se trata de una lógica del poder totalizante, como en el fascismo y en el stalinismo, que en cuánto a esa lógica totalitaria no tenían distinción. Se trata de copar todo, hasta los clubes deportivos, los comités olímpicos, los organismos gremiales, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, y desde luego, progresivamente, los negocios.

Las últimas elecciones y los resultados fabricados por el gobierno para darle a Ortega una mayoría calificada para reformar la Constitución a su antojo, forman parte de esa lógica del poder total, que se puso en marcha desde 2007, y de la cual nadie se escapará porque en esa lógica solamente caben absorbidos o subordinados. No existen aliados, y mucho menos adversarios, sino enemigos, porque en el más puro fascismo la concepción de la política es bélica: amigos o enemigos.

Me cuenta un observador extranjero de las últimas elecciones, que uno de los políticos más cercanos a Ortega le dijo que se trataba de construir el “Estado orgánico”, porque la independencia y separación entre los poderes del Estado era un estorbo para la eficacia de las decisiones gubernamentales y por tanto para la gobernabilidad. Esto no es muy diferente a lo que Ortega mismo declarara en Cuba, que el monopartidismo era mejor que el multipartidismo, porque éste dividía a la sociedad. Como se ve, se trata de tener consentimiento unánime, voluntario o forzado, y no respeto a la diversidad.

El observador extranjero me hizo el comentario porque había leído y estaba de acuerdo con declaraciones que di a un medio extranjero antes de las elecciones: Ortega no es más un proyecto político, es un proyecto del poder por el poder, del poder por el dinero, y del dinero por el poder. Una mezcla de los fascismos europeos del siglo XX y el caudillismo personal y familiar latinoamericano.  

Balances discutibles

Como es característico del final del año, se intenta hacer balances de lo ocurrido en diferentes campos. Los hay para todos los gustos, pero en la semana que termina encontré dos que merecen alguna reflexión adicional.

Entre esos balances había uno que se refería al “fracaso de la oposición”, porque habiéndose elegido 53 diputados en listas opositoras en el 2006, y Ortega habiendo obtenido solamente 38 diputados, terminó gobernando con una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional. Es cuestionable ese fracaso de la oposición. Quienes en el 2006 fueron elegidos en listas supuestamente opositoras, siendo en verdad aliados de Ortega en virtud del Pacto del año 2000, han actuado durante estos cinco años como lo que en verdad eran, aliados de Ortega. Otros se habían camuflado de opositores, como ocurrió con dos de los cinco diputados elegidos en la lista del MRS. Como el pueblo no se equivoca, en las recientes elecciones se encargó de castigar a esos supuestos opositores, y la verdadera oposición se aglutinó en torno a la candidatura de Fabio Gadea Mantilla, y desafió de tal forma el poder de Ortega que éste no pudo ocultar el fraude al cual tuvo que recurrir. Esa oposición, la verdadera, no ha fracasado.

Otro cuestionable balance se refiere a la deuda de los diputados que no aprobaron algunas leyes sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que, como se sabe, están vinculados a superar los más lacerantes déficits sociales en relación a pobreza, educación y salud, entre otros temas. El cuestionamiento resulta que si bien para tal fin se requieren leyes, el obstáculo más importante para que esos nobles Objetivos se alcancen no es la ausencia de leyes, sino el anémico crecimiento de la economía, la insuficiente generación de empleos, el limitado e ineficiente gasto social.

Quién está en deuda con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entonces, es el gobierno, y no las leyes.

Se autoriza y agradece su reproducción y circulación.

Debido a que los próximos dos sábados son feriados, volveremos el 7 de enero de 2012.


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