Costa Rica - Nicaragua: Lecciones de un conflicto







Por Silvio Avilez Gallo
Ex diplomático nicaragüense


El reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto de las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica en torno al diferendo sobre el Río San Juan, que ha enfrentado y afectado periódicamente la relación bilateral entre Costa Rica y Nicaragua, deja algunas enseñanzas que ambos países deberían tener en cuenta para terminar de una vez por todas con un problema que pudo haberse evitado, si las partes hubiesen tenido el propósito de buscar una solución que fuera al corazón del conflicto. Pero a Costa Rica le faltó visión y voluntad y prefirió acudir a otros foros internacionales en vez de buscar la mejor forma de resolverlo: la negociación directa entre los litigantes.

En una decisión previsible, que algunos han catalogado de “salomónica”, la CIJ resolvió dar razón en parte a Costa Rica al ordenar el desalojo de militares del ejército de Nicaragua de la Isla Portillo o Habour Head, también denominada Isla Calero por Costa Rica, pero ordenó igualmente la evacuación y prohibición de estacionar en el citado lugar a personal de la fuerza pública policial y civil costarricense. Se hizo la salvedad de permitir la vigilancia de aspectos ambientales por personal civil de Costa Rica, siempre que se consultara con la Comisión Ramsar y se contara con su autorización, y previa notificación a Nicaragua.  La CIJ no mencionó ni se refirió a la “invasión” de territorio costarricense por parte de fuerzas nicaragüenses, algo sobre lo que Costa Rica había insistido en sus denuncias ante la O.E.A. y la comunidad internacional.

En otro de los puntos medulares del pronunciamiento de La Haya, la CIJ no ordenó el cese de las operaciones de limpieza o dragado del Río San Juan, que era otro de los objetivos de la demanda costarricense, con lo que se daba satisfacción a lo alegado por Nicaragua, con base en lo dispuesto en los instrumentos jurídicos que establecieron definitivamente la frontera y los límites entre ambos países (Tratado Jerez-Cañas de 1858, Laudo Cleveland de 1888 y los cinco Laudos Alexander). La Corte instó también a las partes a abstenerse de todo acto que pudiera  dificultar o agravar innecesariamente la solución del conflicto. Con todo, lo resuelto por el alto tribunal fue acogido como un triunfo diplomático tanto en San José como en Managua.

El recuso a la CIJ, además de representar una pesada carga financiera de varios millones de dólares para los dos países, prolongará la solución del conflicto durante varios años, porque en esta ocasión la Corte no abordó el fondo del litigio y sólo se refirió a las medidas cautelares solicitadas por Costa Rica.

¿Habrá entonces que esperar mucho tiempo más para distender la relación bilateral entre dos pueblos vecinos, hermanados por la geografía y la historia y destinados a convivir siempre uno al lado del otro?  Obviamente no. Es preciso que ambos países den muestras de realismo en su política exterior y busquen la mejor manera de resolver un problema que nunca debió haberse transformado en un obstáculo recurrente.  Es evidente que nada sustituye la negociación directa y también, como se dice popularmente, que cuando uno no quiere dos no pelean.

Aunque Costa Rica ha insistido que no se trata de un diferendo de límites sino de la ocupación ilegal de parte de lo que considera su territorio por efectivos militares nicaragüenses, con base en lo resuelto por el reciente pronunciamiento de la CIJ queda claro que el problema radica precisamente en la falta de amojonamiento de gran parte de la extensa frontera, especialmente enormes tramos del trayecto final del Río San Juan, cuya ribera sur marca, según los instrumentos internacionales vigentes, el límite entre las soberanías de Costa Rica y Nicaragua.  La ausencia de mojones físicos que se correspondan con las coordenadas establecidas en el Tratado de 1858 y los laudos posteriores, junto con las variaciones que han experimentado, por diversas causas, las riberas del San Juan a lo largo de más de 150 años, explica en parte las divergencias de interpretación de un mismo texto.

Como primera providencia, Costa Rica y Nicaragua deberían iniciar de inmediato negociaciones para encomendar a una comisión mixta binacional la tarea de amojonar aquellos trechos de la frontera que carecen de hitos para señalar inequívocamente el trazado de la línea fronteriza. De este modo se eliminaría permanentemente una fuente de controversias y se facilitaría la labor de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de cada país. Pero la solución de este aspecto no debe limitarse únicamente a la demarcación sino que debería enfocarse de tal manera que no sólo elimine una causa permanente de fricciones, sino que contribuya positivamente al desarrollo y aprovechamiento de una extensa zona en beneficio de ambos países.

Los recursos hídricos constituyen la futura riqueza del planeta, que por la acción irreflexiva e irresponsable de algunos ha provocado cambios climáticos importantes que amenazan la sustentabilidad de la vida en la Tierra. Ya se observan las primeras manifestaciones debido a la deforestación y la destrucción de extensas zonas agrícolas, lo que se ha traducido en graves variaciones del medio ambiente: sequías, inundaciones, huracanes, terremotos, calentamiento global acelerado de la atmósfera, extinción de algunas especies y derretimiento de los casquetes polares.  El agua será el elemento clave para la sobrevivencia de las futuras generaciones, y a este respecto, la zona fronteriza de Costa Rica y Nicaragua contiene grandes reservas de este vital elemento: la cuenca del Río San Juan, que comprende ambos lados de la frontera, y el inmenso reservorio del gran Lago de Nicaragua y sus afluentes.

La necesidad de asegurar la sobrevivencia de ambos pueblos obliga a sus gobiernos a buscar la manera de administrar racionalmente esta gran reserva de la región y ello debe lograrse mediante la constitución de una Autoridad binacional para la explotación y gestión integral y sustentable de los recursos hídricos de dichas cuencas. Hacia ese objetivo deben encaminarse los esfuerzos de Costa Rica y Nicaragua, que contarían sin duda con la ayuda y el asesoramiento de algunos organismos internacionales. No sólo se terminaría con los problemas y conflictos periódicos sino que se estaría trabajando coordinadamente en provecho de ambas naciones.

Cualquiera sea el fallo final de la Corte de La Haya sobre el problema de fondo, una política inteligente y constructiva de Costa Rica y Nicaragua debe apuntar hacia el objetivo señalado. Es la única manera de promover el desarrollo sostenible de una extensa zona y lograr de este modo salir del subdesarrollo y la pobreza.

Ojalá hayamos aprendido la lección.


Comments