Costa Rica: Industrias Infinito apoya acciones judiciales de Fiscalía







San José.- El caso de la filtración o trasiego de un borrador del fallo de casación, que tendrá que emitir en los próximos días la Sala I, sobre el caso de la concesión a la empresa minera "Crucitas", ha suscitado un verdadero escándalo dentro de los círculos judiciales y políticos de este país centroamericano.

La Sala Primera es la instancia final que debe confirmar o anular la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que anuló la concesión otorgada a la empresa Industrias Infinito para desarrollar una mina (Crucitas) en Cutris de San Carlos, en la provincia de Alajuela.

La denuncia sobre la filtración del documento fue interpuesta ante el Fiscal General de la República, Jorge Chavarría, por la misma presidenta de la Sala I, Anabelle León.

Ante dicha denuncia, Chavarría ordenó el pasado viernes el allanamiento y decomiso de la documentación y equipos de cómputo de la sala judicial, que pudiera tener vinculación con el caso.

Al borrador de la sentencia tenían acceso los cinco magistrados que integran la Sala I, dos letrados y algunos integrantes del personal administrativo de apoyo, indicó el diario local La Nación.

A pesar de que la presidenta de la Sala I,  Anabelle León Feoli, calificó la filtración del documento como un "golpe a la institucionalidad del país", ella y otros magistrados de dicha instancia judicial consideran que el hecho no afecta la integridad y la validez de la sentencia que deben promulgar sobre la validez o no del fallo del Tribunal Contencioso Administrativo relacionado con la concesión minera a Industrias Infinito Gold.

La empresa opina diferente

Pero Industrias Infinito se pronunció oficialmente sobre la situación a través de una nota de prensa emitida este sábado, en el que califica los hechos como "graves" y al mismo tiempo justifica la acción tomada por la Fiscalía General de la República de allanar las instalaciones judiciales.

"Industrias Infinito ha confiado en el sistema de justicia costarricense desde su llegada al país, sometiéndose desde el año 2008 a dos largos procesos judiciales (recursos de amparo ante la Sala Constitucional y Proceso de Conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo) que le han significado la paralización por 3 años de sus actividades en el país, con el consiguiente perjuicio económico que ello representa. En cada uno de estos procesos la empresa ha efectuado un enorme esfuerzo con el fin de demostrarles a las autoridades judiciales y al país, que el proyecto Crucitas es ambiental, social y económicamente viable para Costa Rica", agrega el pronunciamiento de la empresa.

Finalmente, Industrias Infinito dejó ver entre líneas de su comunicado, el malestar, no por la acción policial, sino más bien por el evidente atraso en el proceso, por lo que no descartó llegar a un proceso internacional: “Las implicaciones de los hechos denunciados en los procesos judiciales en Costa Rica y ante un eventual Arbitraje Internacional estarán siendo analizadas por parte de los asesores legales de la empresa en las próximas semanas. Los hechos deberán ser valorados a la luz de los principios constitucionales, internacionales y legales que protegen la inversión extranjera y garantizan el debido proceso”.

Ahora será la Fiscalía la que determine la presunta realidad de uno de los casos de seguridad jurídica más graves de la historia costarricense, al tiempo que no se sabe si los magistrados de esta sala emitirán su fallo o si se abstendrán hasta tanto finalicen las investigaciones del Ministerio Público, asunto que podría durar varios meses más.


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