Cantinflas y la Comisión de la Verdad en Honduras







Por Roberto Escobedo Caicedo
bert.caido@gmail.com



Recientemente, los  integrantes de la "Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras", dieron a conocer los resultados de sus conclusiones. Estos fueron rechazados tanto por el Presidente depuesto, Manuel Zelaya Rosales, como por los que justificaron legalmente la "sucesión constitucional", mediante la cual terminó el período del mencionado ex-presidente el Doctor Roberto Micheletti, designado para tal tarea por el respectivo Congreso Nacional. Y es que esa Comisión fue producto de las presiones internacionales de varios gobiernos y de la inoperante Organización de Estados Americanos (OEA), convertida bajo el secretariado de José Miguel Insulza en caja de resonancia del castro-chavismo.

Mel Zelaya desató una crisis constitucional cuando pretendió convocar a un referendum para que sus partidarios se pronunciaran sobre la famosa "cuarta urna", la que se pondría el día de las elecciones generales para elegir al Presidente, Vicepresidente y diputados, para "justificar" la convocatoria de una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva Constitución Política, donde se incorporara la reelección presidencial, terminantemente prohibida por el actual ordenamiento jurídico. Es más, el respectivo Tribunal Electoral se pronunció terminantemente, declarando fuera de la ley esa convocatoria para la "cuarta urna", ya que las boletas fueron preparadas e impresas en Venezuela y transportadas en un avión de la respectiva Fuerza Aérea a territorio hondureño. Todo obedecía un plan perversamente preparado para que Honduras se transformara en un nuevo satélite del castro-chavismo.

Zelaya Rosales ordenó a las Fuerzas Armadas hacerse cargo del transporte de dichas boletas para la consulta de la "cuarta urna", a lo que se negó el respectivo Comandante de las mismas, General Romeo Vásquez Velázquez. Lo destituyó Mel Zelaya, lo que motivó que los Comandantes de la Fuerza Aérea y Fuerza Naval renunciaran a sus cargos, solidarizándose con el mencionado jefe castrense.

El General Vásquez Velázquez se reunió con Mel Zelaya y le propuso que la consulta de la "cuarta urna" se hiciera el día de las elecciones generales, planteamiento que fue rechazado por Mel Zelaya. En esas condiciones y faltando pocos días para la fecha señalada para la ilegal consulta, intervinieron los titulares de los restantes Poderes del Estado, decidiendo destituir a dicho gobernante que violaba flagrantemente el espíritu y la letra de la Carta Magna y la declaración de ilegalidad, hecha pública por el respectivo Tribunal Electoral.

Fue entonces que el Congreso Nacional de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, decidieron destituir de su cargo a Mel Zelaya, encargando a las Fuerzas Armadas hacer efectiva la resolución adoptada. El único error cometido fue sacarlo de su dormitorio en pijama, montarlo en un avión y expulsarlo a Costa Rica, en lugar de conducirlo a un centro de detención y ponerlo a la orden de las autoridades judiciales, para someterlo al debido proceso por violaciones de la Carta Magna y actos de corrupción en que incurrió cuando ejerció la más alta magistratura de su país.

Hugo Chávez, inmediatamente después de la sucesión constitucional adoptada en Honduras, movilizó a sus títeres de la ALBA para que el comunistoide secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entrara en acción. La misma Comisión de la Verdad y Verificación (CRV), admite en sus conclusiones, que con las presiones ejercidas por el organismo interamericano y su flagrante intervención en los asuntos internos de Honduras, perdió toda credibilidad, ya que quedó al descubierto que estaba al servicio incondicional del castro-chavismo.

Pasemos ahora a analizar las trayectorias en diferentes países de las Comisiones de la Verdad y Reconciliación. Estas surgieron para investigar los supuestos crímenes y violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en los países donde existieron gobiernos militares y de extrema derecha. Establecieron criterios para delinear los mecanismos efectivos para la documentación de la "verdad" sobre los crímenes perpetrados por tales gobiernos; hacer un inventario de las victimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, producto de las situaciones de violencia y conflictos internos que afectaron a varios países del continente americano. Los gobiernos investigados son los que salvaron a sus respectivos pueblos de caer en manos del terrorismo internacional y se inspiraron en la doctrina de la "Seguridad Nacional" de los Estados Unidos.

Los gobiernos donde se crearon tales Comisiones de la Verdad fueron los de Chile, El Salvador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Guatemala y Uruguay. Cuando las mencionadas Comisiones rindieron sus respectivos informes, todos los crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, etc., fueron cometidos únicamente por efectivos de las Fuerzas Armadas. Los guerrilleros, terroristas y otros antisociales, no cometieron ninguna transgresión, tampoco violaron los derechos humanos de ningún ciudadano. Poco les importó a sus miembros que los países mencionados hayan sido escenarios de la confrontación este-oeste, producto de la guerra fría.

Con los informes de tan sui géneris Comisiones de la Verdad, en Argentina procesaron y condenaron a cadena perpetua a los integrantes de las Juntas Militares, Jorge Rafael Videla, Bignone, Eduardo Massera. etc. En Chile, Augusto Pinochet fue desaforado de su cargo de senador vitalicio y sometido a persecución internacional por el juez de la Audiencia Nacional de Esapaña, Baltasar Garzón y conjuntamente con el Jefe de la DINA, organismo de inteligencia, Juan Manuel Contreras y otros, condenados a largas penas de prisión. En el Perú y restantes países ocurrió otro tanto.

El ex-presidente peruano, Alberto Fujimori, fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por "violaciones de los derechos humanos", pese a que los guerrilleros y terroristas de Sendero Luminoso y Tupac Amarú, eran responsables de casi 30 mil muertos. En Guatemala, encarcelaron a otros miembros de las Fuerzas Armadas que combatieron a la Organizacción del Pueblo en Armas (ORPA). Inhabilitaron políticamente a varios altos jefes militares, como el General Ríos Montt, acusándolos de ordenar la desaparición de dirigentes de las organizaciones terroristas. Pero se dio el caso que parte de los desaparecidos habían sido enviados a Nicaragua, donde participaron en una escuela de formación de dirigentes en el Balneario de Casares, donde fueron ejecutados por los sandinistas, ya que sospechaban que eran infiltrados de los servicios de inteligencia de su país.

Es oportuno mencionar que en Chile, Argentina, Perú, etc., los militares convocaron a elecciones y entregaron el poder a los civiles, dictándose leyes de amnistía que favorecían por igual a todos los participantes en los respectivos conflictos internos. Pero luego, las respectivas Cortes Supremas de Justicia declararon nulas e ilegales tales leyes, lo que fue aprobado por el Poder Legislativo. Fue así que lograron detener y someter a procesos judiciales a los militares que combatieron a los guerrilleros al servicio del comunismo internacional. En cambio, ningún guerrillero ni terrorista fue acusado de violaciones de derechos humanos en los tribunales de justicia.

Nicaragua, país de maravillas, es el único donde no se estableció nunca ninguna Comisión de la Verdad y Reconciliación. Los sandinistas, bajo presión de los efectivos de la Resistencia Nicaragüense, convocaron a elecciones generales en febrero de 1990, las que perdieron. Pero antes de entregar el poder a la Presidente Electa, Violeta Chamorro, dictaron una ley de amnistía, la que fue firmada por el supuesto disidente sandinista y ex-vicepresidente de la República, Sergio Ramírez Mercado. Todos los verdugos, torturadores y los que realizaron el genocidio de la etnia miskita de la Región Autónoma del Atlántico Norte Nicaragüense (RAAN), fueron exonerados de todos sus crímenes, incluyendo los de lesa humanidad que se caracterizan por tener acciones penales imprescriptibles.

Siempre que ocurrían nuevos crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, como los cometidos por Frank Ibarra y sus secuaces; los de Pedrito "El Hondureño" y sus bandas de facinerosos; los recompas, etc., el gobierno de Violeta Chamorro, cómplice calificado del FSLN en todos sus robos y crímenes,  sancionaba nuevas leyes de amnistía. Inclusive se da el caso que el Licenciado Marcos Carmona, Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), introdujo una denuncia pormenorizada de crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio en perjuicio de 64 miskitos de la RAAN, señalando como responsables directos de sus ejecuciones a Daniel Ortega Saavedra, Humberto Ortega Saavedra, Lenin Cerna Juárez, etc., ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que ha sido engavetada.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras, parece haber estado presidida por el que fuera el genial cómico mexicano, Mario Moreno (Cantinflas). Dicen en sus conclusiones que en Honduras la Constitución no establece los mecanismos legales para destituir a un Presidente de la República y, que tanto Mel Zelaya como quienes lo destituyeron violaron la respectiva Carta Magna. Llegan hasta afirmar que Zelaya Rosales fue victima de un golpe de Estado y que la Presidencia de Micheletti fue ilegal. Encubren descaradamente que el gobernante destituido preparaba desde el interior del propio Estado un golpe contra las instituciones, es decir, la institucionalidad democrática, abriendo las puertas a la guerra civil.

Si el gobierno de Micheletti fue ilegal, todo lo que hizo está viciado de nulidad absoluta, incluyendo la convocatoria a elecciones generales, donde fueron electos el actual Presidente, Porfirio Lobo Soza, diputados y otros altos funcionarios del Estado. Pero como si fuera una manoletina de Cantinflas, el que también era novillero, no entran en consideración de las consecuencias legales de los actos realizados por Micheletti como Presidente Interino de Honduras.

El régimen orteguista de Nicaragua, responsable de casi 500 fosas clandestinas y toda clase de violaciones de los derechos humanos, nunca ha sido puesto en la picota de las investigaciones y conclusiones de los organismos supuestamente defensores de los derechos humanos. Lo han maquillado y lo presentan como celoso defensor de los mismos, aplaudiendo su determinación de reelegirse mediante fraudes electorales y violaciones constitucionales en gobernante vitalicio de Nicaragua.

Ortega Saavedra está exento de que en Nicaragua se establezca una Comisión de la Verdad y Reconciliación. Por algo su gobierno se sigue llamando de "reconciliación", porque no la habrá nunca. Basta recordar lo que dijo al respecto el preclaro doctor de la iglesia católica, Santo Tomás de Aquino, en la Summa Teológica: "La reconciliación, cuando no está precedida de la verdadera justicia, es vulgar componenda entre criminales". Esto es lo que tenemos, precisamente, en Nicaragua.





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