Brasil, Honduras y la Convención sobre Asilo Diplomático



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Lula se enganchó en la locomotora conducida por Hugo Chávez


Por Silvio Avilez Gallo
Ex Embajador de Nicaragua en Chile




El carismático presidente del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue designado por una publicación francesa como el personaje del año 2009, en circunstancias que muchos de sus compatriotas y también ciudadanos de países latinoamericanos cuestionan seriamente su actuación durante la crisis hondureña que está a punto de culminar con la toma de posesión del presidente electo Porfirio Lobo el próximo 27 de enero.

El Brasil es sin duda el país más importante de América Latina no sólo por su tamaño territorial (mayor que el de los EE. UU.) y por ser el más poblado al sur del Río Grande, sino por sus recursos económicos que lo convertirán en una futura potencia mundial.  No en balde los brasileños reclaman insistentemente un lugar para su patria como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando se produzca la inevitable reforma de algunas de sus estructuras.  Por otra parte, la diplomacia brasileña ha sido reconocida como la más prestigiosa del continente por su profesionalismo y seriedad desde hace muchísimos años.

Pero he aquí que este bien ganado prestigio ha sido puesto en jaque últimamente por actitudes incompatibles con el respeto a los instrumentos internacionales: en el caso específico de Honduras, por las violaciones a la Convención sobre Asilo Diplomático de 28 de marzo de 1954, suscrita durante la X Conferencia Interamericana de la OEA que tuvo lugar en Caracas.  Bien conocido es el manejo de este delicado asunto por parte de Itamaraty como para entrar en detalles. El Brasil se enganchó sorprendentemente a la locomotora conducida por Hugo Chávez y se prestó a maniobras impensables hasta hace poco. El eje Washington-Caracas-Brasilia funcionó coordinadamente con la sesgada política seguida por la OEA y el Secretario Insulza durante la crisis hondureña, con lo que provocaron un gravísimo daño a la causa del panamericanismo, que se verá reflejado a la hora de elegir (o reelegir, como está de moda…) al próximo Secretario General del organismo hemisférico.

La inesperada aparición del depuesto mandatario José Manuel Zelaya en la Embajada del Brasil en Tegucigalpa forma parte de una comedia cuyo libreto fue escrito en Caracas.  En esta maniobra intervinieron varios países que se prestaron al protagonismo histriónico de Hugo Chávez y su escuela de titiriteros incondicionales.  En lo que puede calificarse como trágico y lamentable error de profesionalismo diplomático, el Brasil comprometió gravemente el respeto a los derechos y obligaciones que le impone la Convención de Caracas. Veamos.

De acuerdo con el Art. X de dicha Convención, el no reconocimiento del gobierno del Estado territorial por el gobierno del Estado asilante no constituye un impedimento para la observancia de las disposiciones de dicha Convención.

En el caso de la crisis desatada en Honduras por la destitución de Manuel Zelaya y el nombramiento por el Congreso de un presidente interino en la persona de Roberto Micheletti, el gobierno de Lula da Silva desconoció la legitimidad del nuevo gobernante y decidió el retiro de su Embajador, algo a lo que tiene pleno derecho según la Convención de Viena, que dispone que el establecimiento o mantenimiento de relaciones diplomáticas se basa en el mutuo consentimiento. Pero la interrupción unilateral de relaciones diplomáticas  implica no sólo la salida del agente diplomático, sino el cierre físico de los locales de la embajada brasileña, cuyos intereses quedan a cargo de un país amigo.  Sin embargo, el gobierno de Lula da Silva mantuvo al personal diplomático subalterno en Tegucigalpa, lo que permitió el ingreso irregular de Manuel Zelaya a la sede diplomática brasileña.



De acuerdo con la Convención de Caracas, el Estado asilante califica la calidad del asilado y debe comunicarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado territorial, cosa que evidentemente no hizo el Brasil en el caso de Zelaya, cuya situación jurídica, después de más de tres meses de permanencia, continúa siendo imprecisa, puesto que se habla de “huésped”.  Asimismo, de acuerdo con la Convención de 1954, el gobierno del presidente Micheletti puede exigir la salida del asilado, para lo cual deberá otorgarle el correspondiente salvoconducto.  Honduras no ha formulado esta exigencia, de seguro para no complicar las cosas.  En el caso de Zelaya, México (que tampoco reconoce al gobierno legítimo de Micheletti) presentó sorpresivamente una petición a la Cancillería hondureña para que permitiera la salida de Zelaya en su condición de presidente de Honduras, algo que obviamente fue rechazado por el gobierno de Tegucigalpa.

Pero lo realmente grave es la violación, por parte del gobierno del Brasil, de las disposiciones del Art. XVIII de la Convención sobre Asilo Diplomático, que establece taxativamente la prohibición, para la persona asilada, de participar en actos contrarios a la tranquilidad pública o intervenir en la política interna del Estado territorial.  El “huésped” Zelaya ha hecho justamente lo contrario desde que penetró en la sede diplomática brasileña, donde es visitado por muchas personas y ha formulado declaraciones llamando a sus partidarios a la rebelión contra el gobierno legítimo de Honduras.  El Art. XIX, por su parte, dispone que en caso de ruptura de relaciones (lo que hizo el Brasil), el agente diplomático debe salir del país en compañía de la persona que ha buscado asilo en la sede diplomática del Estado acreditante, algo que no ocurrió.

Congruente con el “diktat” de Chávez, el Brasil se negó a reconocer el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre en Honduras y, en consecuencia, desconoció de paso la legitimidad del nuevo mandatario electo. La Doctrina Estrada estableció, en el siglo pasado, el carácter declarativo —no constitutivo— del reconocimiento de gobiernos.  Es decir, la existencia de un gobierno es independiente de su reconocimiento por los otros Estados de la comunidad internacional.  Con su actitud contraria al derecho internacional, el gobierno del Brasil ha asestado un golpe bajo a la diplomacia de Itamaraty, de la que será muy difícil borrar las secuelas.
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