Aprueban ley para combatir lavado de dinero, bienes y activos







Managua.- La Asamblea Nacional aprobó hoy una ley que crea una Unidad de Análisis Financiero (UAF) para combatir el lavado de dinero, bienes y activos ilícitos, pero que, según opositores, también podría permitir al Estado cometer actos de persecución y espionaje político. La ley creadora de la UAF fue aprobada este martes con el apoyo de los 63 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el rechazo de 24 miembros de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), y una abstención, informó el titular del Parlamento, René Núñez, en el pleno.

La UAF, según lo sancionado, se encargará de prevenir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiación al terrorismo. Para ello podrá solicitar informes sobre cualquier transacción sospechosa a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y públicas o privadas, lo que la oposición percibe como una amenaza para quienes disienten con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. El articulado de la nueva norma añade que no existe una "lista taxativa o limitativa" de las personas o empresas que deberán entregar información a la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional, precisó la agencia EFE.

"Estamos dándole al Ejecutivo una razón más para convertirse en señor de horca y cuchillo", advirtió el diputado de BDN, Eliseo Núñez Morales. La ley tipifica como "transacciones sospechosas" aquellos giros que igualan o superan en un día los 10.000 dólares. Núñez Morales agregó que la UAF tendrá "alta discrecionalidad" y podrá "decretar la muerte civil a cualquier empresario o ciudadano simplemente porque no comulgan con las ideas de quienes manejan esto". La ley aprobada "me recuerda al libro 1984 (de George Orwell) y al Gran Hermano". "Estamos vigilados por distintos lados", denunció, por su lado, el legislador disidente sandinista opositor Enrique Sáenz.

Recuerdan "Dirección V" de DGSE

"Queremos decirle abiertamente al pueblo nicaragüense, lo que se pide este día es algo semejante al Servicio Militar en Nicaragua, la Bancada del Frente Sandinista está pidiendo la Dirección V de la Seguridad de Estado, que nuevamente instalemos los soplones y orejas en los barrios para que se metan directamente en el hogar y denuncien como chivos expiatorio aquellos que no comulgan con su ideología fracasada", expresó el diputado Carlos Langrad.

"La Unidad de Análisis Financiero debe ser técnica y altamente calificada para prevenir el lavado de dinero y bloqueo de capitales", añadió. Por su lado, Núñez insistió que la UAF "declara la muerte civil" a empresarios y ciudadanos nicaragüenses contrarios a la ideas del partido de gobierno. "Nosotros creemos que el narcotráfico tiene que ser combatido, no solamente como lo hace la Policía en el mar y las fronteras, sino con este instrumento de investigación de operaciones financieras e ilícitos que lo incluyen", aseveró.

"Obviamente al tener una alta discrecionalidad se le puede -con esta ley- declarar la muerte civil a cualquier empresario en Nicaragua, a cualquier ciudadano común, simplemente porque no comulga con las ideas de quienes manejan esto. Es un problema de confiabilidad en un estado que ya demostró ser permeable al crimen organizado con el caso de Julio César Osuna y los comisionados, retirados calladamente de la Policía, pero es un secreto a voces cuál era la razón de irse. Ahora vamos a dejar la investigación de este tipo de casos en manos de personas cuestionadas por ese tipo de tema", criticó.

Bancada sandinista niega espionaje

Pero el grupo parlamentario del FSLN negó cualquier posibilidad de espionaje político. La "UAF no tiene facultad legal alguna para someter a procesos judiciales a ningún nicaragüense, sino que genera reportes técnicos conclusivos" que serán entregados al Ministerio Público y a la Policía Nacional, explicó el presidente de la Comisión Económica del Parlamento, el diputado Wálmaro Gutiérrez. Aseguró que la norma prohíbe "ejercer actividades de espionaje político, usar la fuerza para obtener información o almacenar datos sensibles de las personas". El jefe del grupo parlamentario rojinegro, Edwin Castro, sostuvo que la ley fue discutida por "exigencia de las potencias internacionales para combatir el lavado de dinero".

Castro recordó que el UAF es una exigencia internacional del G-20, de potencias extranjeras para el control del lavado internacional, y se expone a través de informes. El legislador indicó que la Unidad recibirá y solicitará "exclusivamente" de los sujetos obligados. "Esta ley que creadora de la Unidad de Análisis Financieros se hizo una bulla porque se hablaba de los derechos fundamentales, está bien, para aclarar, vamos a mocionar en el art. 2 que la UAF forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Democrática, donde se dice que tiene que estar en función del Convenio Internacional de Seguridad Democrático Centroamericano, donde prevalecen los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Queda claro -aunque ya lo estaba en toda la ley- que únicamente la UAF puede recibir y solicitar directa y exclusivamente de los sujetos obligados", explicó Castro.

Gutiérrez enfatizó que la iniciativa de ley tiene como objeto crear una unidad de carácter único y exclusivamente técnico para "analizar actividades vinculadas a la narcoactividad, crimen organizado y financiación al terrorismo". Además, insistió, no tiene "facultad legal para someter a procesos judicial a ningún nicaragüense", sólo emitirá "reportes técnicos conclusivos", mismos que pasarán a las autoridades correspondientes para judicializar la causa, en este caso el Ministerio Público y Policía Nacional.




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