¿Por qué se opone Daniel Ortega a la amnistía?


Por Roberto Escobedo Caicedo

 





* Sandinistas han sido los más favorecidos con las amnistías

* Ex-funcionarios públicos cumplieron órdenes de Bolaños Geyer

* Narcotraficantes son puestos en libertad por jueces y magistrados sandinistas

* Ortega Saavedra no puede gobernar si no es a través de chantajes

* Es histórica la vinculación del FSLN con narcotraficantes

 

Resulta sorprendente que sea el Secretario General del Comité Central del FSLN y Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, gracias a la división del voto antisandinista,  el que ahora aparece oponiéndose a una amnistía que beneficie a sus adversarios políticos, a los que ha mantenido sumisos a través de chantajes y por el secuestro del Poder Judicial de Nicaragua.

Ortega Saavedra está confesando paladinamente que si los dirigentes políticos de oposición no son susceptibles de ser chantajeados, todos sus planes de establecer en Nicaragua un régimen totalitario, firmemente alineado con Hugo Chávez Frías, Evo Morales, Fidel Castro y Mahmoud Ahmedinejad, destinado a oponerse a los Estados Unidos y países de la Comunidad Económica Europea en los foros internacionales y colaborar activamente con el terrorismo internacional, se le vienen al suelo y quedaría en ridículo ante sus compañeros de insensatas aventuras políticas y sociales.

Dice Ortega Saavedra que quienes promueven la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional,  pretenden poner en libertad a los narcotraficantes que están cumpliendo condenas de privación de libertad. Nada más cínico que esta afirmación, porque hay tres anteproyectos al respecto y si uno de ellos incluye como beneficiarios a dichos sujetos, es porque quienes lo presentaron están de común acuerdo con Ortega Saavedra y su entorno político. Pero la misma Ley de Amnistía que se apruebe, se encargará de enumerar los delitos que se perdonan y olvidan, entre los cuales no aparecerá el de tráfico de drogas y estupefacientes.

Nadie mejor que el propio Ortega Saavedra sabe que los jefes de los narcotraficantes detenidos en Nicaragua, han recuperado su libertad, porque los jueces y magistrados corruptos que han prostituido la justicia en nuestro país, los han puesto en libertad, previo pago de los respectivos "honorarios", parte de los cuales pasan a engrosar el patrimonio del FSLN.

¿Cuándo comenzó en gran escala el involucramiento de los sandinistas en el tráfico de drogas con destino a los Estados Unidos? Fue en los años 80 del siglo pasado, cuando un avión espía U-2 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fotografió en el Aeropuerto "Los Brasiles", una avioneta que estaba siendo cargada con cocaína. En la fotografía aparecen claramente visibles, Tomás Borge Martínez, Ministro del Interior; su asistente, Federico Vaughan Loredo y el capo colombiano, Pablo Escobar Gaviria, declarado en ese entonces, huésped de honor del gobierno de Ortega Saavedra.

Los guerrilleros y terroristas colombianos, estrechamente asociados con el terrorismo internacional, tienen como principal exponente a las FARC. ¿Quién apareció en los periódicos de los años 90 del siglo pasado con Manuel Marulanda, el siniestro ("Tiro Fijo", en las selvas colombianas, comiendo carne asada? Nada más ni nada menos que Daniel Ortega Saavedra, de manera que está muy bien documentada la asociación del sandinismo con terroristas y narcotraficantes, confirmada en estos días, porque nuevamente, el Secretario General del Comité Central del FSLN, hace llamados a su "hermano del alma", el sanguinario Marulanda ("Tiro Fijo", exhortándolo a poner en libertad a Ingrid Betancourt, lo que motivó una enérgica nota de protesta del Gobierno presidido por Alvaro Uribe Vélez.

La Contraloría General de la República, integrada por tres Contralores Liberales y dos Sandinistas, no es más que un instrumento de represión y chantaje político en manos del FSLN. Los tres Contralores Liberales, carecen de criterio propio y se someten a todas las órdenes que les imparte la cúpula del sandinismo, para establecer presunciones de responsabilidad penal en contra de los ex-funcionarios que representan un peligro potencial para el continuismo de Ortega Saavedra.

La Fiscalía General de Justicia y la Procuraduría General de la República, proceden de la misma manera que la CGR. Acusan únicamente en los juzgados penales a quienes están catalogados como enemigos del FSLN.

Los jueces sandinistas declaran admisible cualquier aberración jurídica que les presentan los Fiscales y Procuradores Auxiliares, siempre y cuando sean contra enemigos del FSLN. No respetan los Recursos de Amparo que ordenan a la Fiscalía y Procuraduría suspender cualquier acción legal, hasta tanto la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no se haya pronunciado sobre el fondo del asunto.

La Corte Suprema de Justicia, según declaraciones de su propio Presidente, Manuel Martínez Sevilla, no tiene ninguna razón de existir, porque son 8 representantes del PLC contra 8 del FSLN, devengando envidiables megasalarios y grandes prebendas, granjerías y sinecuras, por lo que es preferible la "ley de la selva".

Lo que confiere naturaleza política a los presuntos delitos cometidos por ex-funcionarios públicos de los gobiernos anteriores, es que los integrantes de judicaturas y magistraturas no son dignos exponentes del foro nacional, sino abyectos y corruptos representantes de políticos que han envilecido las instituciones, prestándose a implementar ajustes de cuentas del FSLN para con sus enemigos, utilizando los tribunales de justicia y el poder coercitivo del Estado para fines tan innobles.

La aprobación de la Ley de Amnistía de parte de la Asamblea Nacional, no es para favorecer a determinados funcionarios públicos de administraciones anteriores, sino para iniciar el proceso de rescate de Nicaragua de las garras del sandinismo, contribuyendo a evitar que todo el pueblo nicaragüense sufra nuevamente una feroz dictadura de carácter totalitario.

Ojalá que Monseñor Miguel Obando y Bravo, Coordinador de la Comisión de Paz y Reconciliación Nacional, oficiando ante el Altar de la Patria, contribuya a superar los obstáculos que puedan oponerse a la pronta aprobación de la Ley de Amnistía.