Principal‎ > ‎

¿Por qué no se nombró una Comisión de la Verdad en Nicaragua?

¿Por qué no se nombró una Comisión de la Verdad en Nicaragua?







Por Roberto Escobedo Caicedo


Bajo el pretexto de resguardar a sus respectivas sociedades que cayeran en manos de los agentes del social imperialismo soviético y cumplir con las exigencias de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, los militares tradicionales tomaron el poder en varios países de Latinoamérica mediante los clásicos golpes de Estado. Esto ocurrió durante las últimas décadas del siglo XX en Argentina, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Uruguay. En El Paraguay existía ya una dictadura militar, la del General Alfredo Strossner, mientras que Nicaragua, gracias a la doctrina de los derechos humanos selectivos del entonces Presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, caía en manos de falsos revolucionarios, los que recurrieron al marxismo-leninismo como instrumento legitimador de todos sus robos y crímenes de lesa humanidad.

Una vez que se colapsara el comunismo en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), gracias a la Perestroika y el Glasnot, producto del reformismo de Gorbachev, hubo fuertes presiones tanto de los Estados Unidos como de los países de Europa Occidental para que los militares regresaran a sus cuarteles, convocaran a elecciones y entregaran el poder a los civiles electos en procesos democráticos que contaran con la debida supervisión internacional. Esto se produjo en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Guatemala, El Salvador. 

En todos los países anteriormente mencionados, los gobiernos civiles crearon Comisiones de la Verdad, integradas por juristas de prestigio y probada solvencia moral, los que llevaron a cabo intensas investigaciones para inventariar todas las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares, pero cayendo en el error de exonerar a todos los terroristas que incurrieron en las mismas violaciones que las atribuidas a los uniformados, quizás porque tenín ocultas simpatías para tales delincuentes. De esta manera los comunistas chilenos; los criminales del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Argentina; los Tupamaros, del Uruguay; los genocidas de Sendero Luminoso y Túpac Amarú, en el Perú; los jefes e ideólogos del FMLN y de ORPA (Organización del Pueblo en Armas), de El Salvador y Guatemala, respectivamente, no fueron señalados de haber cometido toda clase de crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio, sólo los militares. 

En Nicaragua, a partir del 19 de julio de 1979, fecha en que los desalmados criminales y terroristas del FSLN se apoderaron del poder político del Estado, se produjo un proceso inverso al que tuvo lugar en los países donde los militares tradicionales se hicieron cargo de los respectivos gobiernos mediante golpes de Estado. El aparato coercitivo del Estado creado por los sandinistas y sus asesores políticos y militares procedentes de los países del Pacto de Varsovia, calcaron el modelo soviético, ejecutando a miles de ciudadanos sin forma ni figura de juicio alguno, solamente por ser sospechosos de ser "somocistas". Asimismo, implementaron, en estrecha alianza con sus títeres de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN), un programa de confiscaciones selectivas de propiedades urbanas y rurales, acciones de sociedades anónimas, fábricas, etc., creando un aparato represivo nunca antes conocido en Nicaragua, integrado por el Ejército Popular Sandinista, Policía Sandinista, Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), Milicias Populares Sandinistas, Tropas Guardafronteras, etc., estableciendo un gigantesco sistema de delación en el que cada quien vigilaba a sus compañeros de trabajo y vecinos, siendo a su vez vigilado por los anteriores.

Los títeres de los nueve Comandantes de la Dirección Nacional del FSLN, Alfonso Robelo Callejas, Violeta Barrios de Chamorro, Sergio Ramírez Mercado, Moisés Hassán Morales, eran coordinados por Daniel Ortega Saavedra, miembro de la Dirección Nacional del FSLN y secretario general de esta organización terrorista y criminal. Declararon con el mayor descaro que en Nicaragua no se aplicaría la pena de muerte por sentencias de tribunales de derecho, pero en su lugar recurrieron a las ejecuciones extrajudiciales de los que consideraban sus enemigos políticos, constituyendo las mejores pruebas de estos crímenes de lesa humanidad los cientos de fosas clandestinas existentes en varios puntos del territorio nacional.

Tanto los nueve Comandantes de la Dirección Nacional del FSLN como sus títeres de la JGRN, para dejar claramente establecido que eran la cabeza de un Estado terrorista, dictaron y pusieron en vigor una serie de decretos represivos y criminales, siendo uno de estos la creación de los Tribunales Especiales de Justicia o Tribunales Populares Sandinistas, independientes del Poder Judicial y donde sus integrantes procedían conforme procedimientos inquisitoriales a verdad sabida y buena fe guardada. De esta manera, Nicaragua se convirtió en un gigantesco Estado-Cuartel y en una mazmorra totalitaria, como lo señalara acertadamente el ex presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.

Más de 10 mil prisioneros políticos fueron condenados en los tribunales populares sandinistas a 30 años de privación de libertad, en verdaderas parodias de juicios y en medio de la mayor indefensión, mientras que otra cantidad mayor era mantenida en campos de concentración en diferentes puntos del territorio nicaragüense sin que se les formulara cargo alguno, como no fuera para impedir su incorporación a los efectivos contrarrevolucionarios aposentados en Honduras, siendo obligados a trabajar entre 12 y 16 horas diarias sin ninguna remuneración. Tanto unos como otros fueron sometidos a un infame régimen carcelario, mantenidos en el mayor hacinamiento, muertos de hambre, sin atención médica y sometidos muchos de ellos a experimentos médicos criminales. Los que eran señalados como poseedores de cualidades de cabecillas y levantamasas eran torturados y luego ejecutados extrajudicialmente.

El Sistema Penitenciario Sandinista fue una organización dirigida por delincuentes lombrosianos con características atávicas. El primero de ellos fue el llamado "poeta", Francisco de Asís Fernández Arellano, alias "Chichí", actual organizador de los festivales de la cultura en Granada y recientemente condecorado con medalla de oro por sus antiguos compañeros de fechorías de la Asamblea Nacional. Tuvo como sus más cercanos colaboradores a Federico López Argüello, Felipe Escobar, José María Alvarado Martínez, alias "Chéster", Javier Abud, Sergio Astorga Gadea, Angel Cabrera, etc. Todos ellos se coludieron para convertir las mazmorras totalitarias sandinistas en verdaderas sucursales del infierno en la tierra.

Mientras tanto, en la superestructura del terror sandinista o sea la tenebrosa y temida DGSE, su fundador y primer jefe, Hugo Torres Jiménez y luego su sucesor, Lenin Cerna Juárez, se rodearon de un grupo de experimentados verdugos nacionales e internacionalistas. Entre los primeros destacaron, Primitivo Rodríguez Blandón, alias Comandante "Pedro"; Jairo Rodríguez, alias Compañero "Patricio"; Raúl Cordón Morice, alias "El Negro"; Oscar Loza Averrús y entre los segundos, Enrique Gorriarán Merlo, alias "El Pelado"; Hugo Irurzún, alias Capitán "Santiago"; el Ché Walter y el Ché Manuel, a los que nadie les conoció sus verdaderos nombres, etc. Todos estos convirtieron las instalaciones de la DGSE en un antro de torturas y ejecuciones extrajudiciales, donde los prisioneros eran obligados a confesar su participación en crímenes que ni siquiera habían soñado con cometer. 

En otras palabras, todos los crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, trabajo esclavo y actos de genocidio, como las Navidades Rojas, eran cometidos por el personal uniformado del FSLN, el que respondía a las órdenes recibidas de los nueve Comandantes de la Dirección Nacional, las que eran refrendadas por sus títeres de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Adolfo Calero Portocarrero, al que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos impusieron como Jefe Supremo de la Resistencia Nicaragüense, en su libro, "Confesiones de un Contra", manifiesta que para él era inconcebible que esos organismos impusieron como miembros de los Directorios Político y Militar de la contrarrevolución a antiguos sandinistas. De esta manera, Alfonso Robelo Callejas y Arturo Cruz Porras, los que fueron miembros de la JGRN, fueron parte de ese Directorio Político, lo que fue nefasto a la hora que se produjeron las Pláticas de Paz que se iniciaron en Sapoá, poco después de producirse el colapso del social imperialismo soviético.

Esto explica la gran traición que sufrieron en carne propia los sobrevivientes de la Guardia Nacional de Nicaragua y el campesinado liberal que se integró a las Fuerzas de Tareas de la Resistencia Nicaragüense. Los miembros del respectivo Directorio Político pactaron la desmovilización unilateral de sus efectivos, dejando intacto el hipertrofiado aparato de terror del FSLN, Ejército Popular Sandinista, Policía Sandinista, Dirección General de Seguridad del Estado, transformando el brazo armado de una organización terrorista y criminal como lo es el FSLN, en el aparato coercitivo del nuevo Estado.

Como es natural, entre la letra menuda de los acuerdos firmados entre los "dirigentes" políticos de la Resistencia Nicaragüense y los plenipotenciarios del FSLN, se estableció que nunca se crearía en Nicaragua una Comisión de la Verdad para conocer todos los crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio cometidos en Nicaragua entre julio de 1979 y la firma de los acuerdos de desmovilización de los efectivos contrarrevolucionarios. La razón es muy simple. Los uniformados eran los mismos terroristas y genocidas del FSLN y como dice el conocido refrán, "entre bomberos no se machucan la manguera".

Además, se estableció que el candidato que llevaría la Unión Nacional Opositora (UNO) a las elecciones que iniciarían el proceso de transición a la democracia en Nicaragua, sería la señora Violeta Barrios de Chamorro, ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, la que avaló con su firma todos los actos criminales y violaciones de los derechos humanos cometidos por los verdugos sandinistas. Como es natural, ya siendo Presidente de la República la mencionada señora, no se pondría la soga al cuello, nombrando a los miembros de una Comisión de la Verdad.

Recientemente, el Doctor Emilio Alvarez Montalbán, prominente oftalmólogo y analista político, declaró que cada período político que le ha tocado vivir a Nicaragua merece recordarse en un Libro Blanco, donde aparezcan todos los abusos y crímenes cometidos por los que han tenido el poder del Estado en sus manos. Uno de los medios escritos de nuestro país, se hizo eco de dichas afirmaciones, centrando su atención en que la justicia del período de transición a la democracia había brillado por su ausencia, lo que a su vez motivó la réplica de los medios orteguistas, acusándolo de encubrir los crímenes atribuidos al somocismo.

Las victimas del somocismo son bien conocidas por todos los nicaragüenses, ya que figuran en libros de historia, les han levantado monumentos en diferentes pueblos y ciudades, pero lo que no se conoce a plenitud son los verdugos del FSLN, los que sembraron el terror en todo el territorio nacional desde antes de tomar por asalto y con la ayuda de mercenarios rojos el poder del Estado. Inclusive, se da el hecho que cuando operaban en la clandestinidad tenían verdugos para "ajusticiar" a sus enemigos políticos y hasta sus propios secuaces, siendo el más destacado de todos ellos, Amílcar Lorente Ruiz. Este último asesinó en el occidente del país a una antigua amante del genocida, Tomás Borge Martínez, porque se negó a continuar siendo su compañera de fechorías.

Lo que sostienen Alvarez Montalbán y el editorialista del medio escrito que se ha hecho eco de las reflexiones del mencionado galeno, es que durante el llamado período de transición a la democracia, la justicia estuvo ausente, lo que concedió virtual impunidad a una legión de expertos violadores de los más elementales derechos humanos de los ciudadanos, contándose entre estos a los que llevaron a cabo las Navidades Rojas, exterminio metódico y sistemático de la etnia miskita de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Existe al respecto el testimonio escrito del General cubano, Rafael del Pino, el que narra en su libro, "Proa a la Libertad", que una parte de los miskitos fueron amarrados de pies y manos, montados en helicópteros soviéticos MI-17 y lanzados a las aguas del Mar Caribe, donde unos murieron ahogados, mientras otros fueron devorados por los tiburones ya que él fue testigo ocular de tales canalladas.

Los autores materiales e intelectuales de tales actos de genocidio son ahora altos jefes del Ejército Popular Orteguista y de la Policía Orteguista, los que a través de sus robos, la "piñata sandinista" y su estrecha asociación con narcotraficantes, son grandes capitalistas y empresarios del seno de la mafia orteguista.

Daniel Ortega Saavedra nunca va a nombrar a los miembros de una Comisión de la Verdad, como no sea para justificar todos los crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio cometidos por sus secuaces uniformados. La oportunidad se perdió durante el corrupto gobierno de la señora Violeta Barrios de Chamorro, por su condición de ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y a que su nefasto y depravado yerno, Antonio Lacayo Oyanguren, procediendo como Presidente de Facto, concertó toda clase de traiciones contra los que eligieron a su suegra para la primera magistratura de la nación.

El Doctor León Núñez y el eminente galeno, Emilio Alvarez Montalbán, han tocado el tema de los crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio en que incurrieron todos los altos mandos del FSLN durante el período 1979-1990. Ojalá todos los que conozcan de esas violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses las den a conocer, para que de esta manera se lleve a cabo lo que era tarea de una Comisión de la Verdad.

Compartir en Twitter


Comments