¿De nuevo las confiscaciones?









Por Edmundo Jarquín


El caso de una disputa de propiedad en torno a una cuantiosa inversión turística en las playas de Tola, Departamento de Rivas, en que aparece la Procuraduría General de la República alegando derechos de propiedad del Estado, no es un caso aislado. No se sabe cuántos casos relativamente semejantes hay, pero no son pocos. El tema volvió a ser noticia el recién pasado año, con motivo de unas tierras en el nuevo centro de Managua. Pero son muchos los otros casos que, por no tener la envergadura y vistosidad de las personas involucradas en los casos mencionados, no trascienden a la opinión pública con la misma notoriedad, o no trascienden del todo.

La problemática tiene diversos aspectos, muchos de los cuales han sido enfocados. El más notable, la inseguridad jurídica y sus consecuencias negativas sobre las inversiones, el empleo y el crecimiento del país.

Quisiera comentar tres aspectos que subrayan la gravedad de lo que está ocurriendo.

Que la Procuraduría General de la República intervenga ejerciendo supuestos derechos que proceden de los procesos confiscatorios de los años 80, es volver a confiscar. Esto viola expresamente la Constitución, que precisamente y para espantar el fantasma de las confiscaciones, fue reformada en 1995 y en su artículo 44 expresamente establece: “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

El segundo aspecto, es que hay fundadas sospechas que las intervenciones de la Procuraduría tienen carácter selectivo, al impulso de una peligrosísima confusión entre intereses privados de personeros de los círculos gobernantes y supuestos o reales intereses del Estado. Esto, además de ser corrupción, tiene un carácter represivo porque cualquier ciudadano se puede preguntar: ¿cuándo me tocará a mí? Y de ese riesgo no se escapa nadie, ni grandes, medianos y chiquitos, porque hemos visto casos en que se usan poderes procedentes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), o de mafias sindicales, o de alcaldías, para emprenderla contra transportistas, pequeños y medianos propietarios,  concesionarios de tramos en los mercados y de licencias de comercio callejero.

El tercer aspecto es reabrir una de las recurrencias históricas, que junto a la violencia política, más daño ha hecho al desarrollo económico y la convivencia pacífica de los nicaragüenses. Me refiero a los procesos de redistribución de los derechos de propiedad y del  poder económico a través de procesos confiscatorios. Los hubo varios en el siglo XX, y es dramáticamente negativo que repitamos esos ciclos perversos.

En mi modesta familia ocotaliana, de origen liberal, se me inculcaron odios a los conservadores, que afortunadamente no duraron en su calado personal, por viejas confiscaciones derivadas de nuestras guerras civiles. Con Fabio Gadea lo comenté varias veces, en nuestras largas jornadas de campaña electoral. Y no siendo beneficiario directo ni indirecto de los procesos confiscatorios del gobierno sandinista, del cual formé parte, me sentí con la fuerza para proponerle a Fabio que en nuestro eventual gobierno  nunca volveríamos a mirar hacia atrás en materia de derechos de propiedad, para no reabrir ese ciclo perverso, y sembrar así las semillas de la confianza política y la seguridad jurídica  que nos permitirían invertir lo suficiente para generar los suficientes empleos que permitan terminar con la pobreza.

El gobierno de Ortega, en cambio, está haciendo todo lo contrario, creando las condiciones para que haya más pobreza y más pobres. Y para que se reabran los círculos más bárbaros de nuestra nada envidiable historia.  

Otra fuente de incertidumbre

Que haya cambios en los altos funcionarios del gobierno, no es un hecho extraordinario y por tanto sorprendente. Ocurre en todos los países. Pero desde luego, las consecuencias no son las mismas en todos los casos.

A veces la mayor o menor gravedad de las consecuencias del cambio de un funcionario depende de la causa que lo motiva. Nos referimos, desde luego,  al cambio reciente del Presidente del Banco Central.

Es casi seguro que no habrá modificación importante en las políticas de esa entidad, que se han caracterizado, al menos hasta ahora, por la responsabilidad con la cual se han ajustado a los compromisos que Nicaragua tiene con sus habitantes, en términos de darles confianza y seguridad, y con los organismos financieros internacionales en cuanto a estabilidad macroeconómica, incluida desde luego asegurar el nivel de reservas monetarias internacionales del Banco Central, que garanticen libertad cambiaria y suficiente disponibilidad de divisas.

El problema está en que la causa de la remoción del Presidente del Banco Central es que, frente a una irresponsable decisión del Presidente Ortega anunciada en Caracas en una Cumbre del ALBA, se atrevió a recordar los compromisos que la entidad tiene, de conformidad con la ley que la rige, en materia de manejo de las reservas internacionales del país.

Pero yendo más al fondo del asunto, ni siquiera el problema está en que se remueva a un funcionario porque tiene discrepancias con el Presidente. El problema está en que la discrepancia procede de que no corresponde al Presidente de la República disminuir arbitrariamente las reservas internacionales, que son del país y no de él. Ortega debería saber que al utilizar las reservas para hacer aportes de capital  -en este caso de un supuesto Banco del ALBA-  dejan de ser reservas, pues el Banco Central pierde la capacidad para disponer de las mismas.

Ortega ha establecido otro precedente negativo, extremadamente  serio, en cuanto a la certidumbre y responsabilidad en el manejo de la política económica. Que después no atribuya a conspiraciones de otros, las dudas y nerviosismos que sus decisiones provocan.

Malo, por dónde se vea

Las benignas penas impuestas a los implicados en la matanza de El Carrizo, dos días después de las elecciones del pasado noviembre, y siendo que semejante atrocidad ya había sido benignamente tipificada de homicidio y no de delito, es un mal precedente, por dónde quiera mirársele.

Revela una vez más la partidarización de nuestro sistema judicial; en segundo lugar, la atenuantes utilizadas, en particular la figura del “arrebato” por ingesta de alcohol, es un incentivo para la delincuencia común, con lo cual se está arriesgando ese precioso activo de nuestro país, que es tener un nivel de seguridad ciudadana que se compara favorablemente con otros países centroamericanos; en tercer lugar, al fomentar la pérdida de confianza en el sistema judicial legal, se incentiva a que la gente tome la justicia por sus manos, como lo vemos en otros países.

Se autoriza y agradece su reproducción y circulación




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